El inspector jefe Manuel Morocho, figura central en la investigación del caso Gürtel, testificó recientemente en el juicio relacionado con la operación Kitchen, destacando que las obstrucciones a la justicia comenzaron mucho antes de lo que se pensaba, remontándose al año 2007. Durante esta jornada judicial, las defensas de los acusados intentaron socavar su credibilidad, pero sus esfuerzos terminaron revelando más indicios de irregularidades, incluyendo posibles actos de espionaje contra el juez Pablo Ruz y el propio Morocho.
Testimonio Clave en el Caso Kitchen
El abogado del excomisario José Luis Olivera, quien lideraba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tenía como objetivo debilitar el testimonio de Morocho. Olivera había sido acusado de pasar información privilegiada a María Dolores de Cospedal. Sin embargo, las preguntas formuladas por la defensa no lograron su propósito. Un ejemplo de ello fue la insistencia en preguntas sobre una visita hospitalaria a Olivera, que Morocho negó rotundamente.
El testimonio de Morocho, en calidad de testigo del Ministerio Fiscal y acusaciones populares, arrojó luz sobre cómo la operación Kitchen buscaba obstaculizar las investigaciones desde sus inicios. Según Morocho, la operación para debilitar la investigación de Gürtel por parte de altos cargos policiales comenzó tan pronto como se iniciaron las indagaciones en la Fiscalía Anticorrupción y durante la instrucción del juez Baltasar Garzón.
Ofrecimientos y Presiones
Morocho relató las ofertas que le hicieron altos cargos como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y José Luis Olivera, director del CITCO, para alejarlo de la investigación. Se le ofreció ocupar puestos en embajadas en Lisboa o Pekín, e incluso una posición en una delegación de la ONU en Guatemala, siempre como una maniobra para desplazarlo de su rol en la investigación de la caja B del Partido Popular (PP).
Durante su testimonio, Morocho también expuso que recibía presiones para aceptar estas ofertas, señalando que su jefe directo en la DAO le advirtió que no podría asistir a los juicios de corrupción en España para ratificar sus informes.
Sabotaje de la Investigación
En el transcurso del juicio, Morocho reveló que varios informes críticos sobre comisiones rogatorias relacionadas con la caja B del PP quedaron sin completar. Además, describió la “desbandada” de su equipo de investigadores, una situación que atribuyó a las acciones coordinadas por los comisarios involucrados en la operación Kitchen.
Los abogados defensores intentaron justificar la operación Kitchen alegando que su objetivo era seguir a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, para localizar los fondos y testaferros del extesorero del PP. Sin embargo, Morocho desmintió esta versión. Afirmó que los activos ya habían sido identificados gracias a la colaboración con autoridades suizas, y lo que realmente buscaban era neutralizar documentos y grabaciones que Bárcenas pudiera tener para proteger al entonces gobierno de Mariano Rajoy.
Impacto en las Carreras Judiciales
El testimonio de Morocho también subrayó que la operación Kitchen afectó directamente las carreras judiciales de aquellos involucrados en la investigación de Gürtel. Ni el juez Pablo Ruz ni la fiscal Conchita Sabadell, relevantes en el proceso, cedieron ante las presiones. Actualmente, Ruz ejerce en un juzgado de Móstoles, mientras que Morocho continúa sirviendo en una comisaría de Madrid. Por su parte, Sabadell sigue activa en la Fiscalía Anticorrupción.
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