Un juez de Barcelona ha decidido no abrir una investigación sobre la querella presentada por la plataforma Acció Cassandra, que acusaba a cuatro exconsellers de recibir pagos indebidos por parte de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre los años 2016 y 2024. Según el informe de la Sindicatura de Comptes, estos pagos ascendían a un total de 167,5 millones de euros.
Decisión judicial
El titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona ha resuelto no admitir a trámite la querella, argumentando que el informe de la Sindicatura no aporta pruebas de delito penal, sino meras deficiencias administrativas. El juez ha señalado que tanto el Síndic como el Tribunal de Cuentas envían al juzgado cualquier situación que pueda exceder del ámbito fiscalizador y que pueda implicar responsabilidades penales. En este caso, no se ha encontrado tal situación.
Acusaciones y defensa
La denuncia de Acció Cassandra se basaba en un documento de la Sindicatura de Comptes del año anterior que señalaba pagos indebidos relacionados con una gestión deficiente de las ayudas sociales por parte del Departamento de Derechos Sociales, administrados por la DGAIA. Los exconsellers implicados son Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Carles Campuzano y Violant Cervera, junto con seis ex altos cargos del Govern, entre ellos tres exdirectores de la DGAIA.
“La mera lectura del informe ya establece el ámbito político administrativo de su función”, apuntó el juez en su auto.
Reacciones y futuras acciones legales
Tras conocer la decisión judicial, Acció Cassandra ha anunciado que planea recurrir la resolución. La entidad considera que es esencial evaluar el “conjunto del material probatorio existente”, incluyendo las investigaciones realizadas por la Oficina Antifraude.
Contexto y antecedentes
El informe de la Sindicatura de Comptes había señalado que las irregularidades detectadas en la DGAIA podrían ser perseguidas “administrativa y judicialmente”. Por ello, remitió el informe al Tribunal de Cuentas para que se evaluaran posibles responsabilidades contables. La Fiscalía también solicitó al Tribunal de Cuentas que investigara si hubo responsabilidad contable por los pagos indebidos en el período mencionado.
Implicaciones y seguimiento
El caso de la DGAIA ha generado diversas reacciones y análisis sobre la gestión de las ayudas sociales. Anteriormente, se habían denunciado procesos internos poco claros y directrices mal definidas, lo que, según algunos trabajadores, resultaba en una falta de protección adecuada para los menores.
Por su parte, el Parlament tiene previsto llevar a cabo una investigación en torno a la crisis de la DGAIA, con más de 50 comparecencias previstas entre consellers, expertos y entidades involucradas en el ámbito de la infancia y la adolescencia.
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