La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda interpuesta por Adilia de las Mercedes, jurista de origen guatemalteco, contra el Ministerio de Igualdad. La demanda, que asciende a 376.544,59 euros, alega un trato discriminatorio y la apropiación indebida de su trabajo en la reforma de la ley del aborto. La jurista solicita la nulidad de los contratos vinculados a este trabajo, alegando que la institución se apropió de manera ilegal de su labor, invisibilizándola y ejerciendo violencia institucional.
Antecedentes de la demanda
En octubre de 2021, el Ministerio de Igualdad contactó a De las Mercedes para desarrollar un “esqueleto” técnico que serviría de base para el anteproyecto de la ley del aborto. Este encargo, inicialmente valorado en 5.000 euros, se transformó en lo que luego sería el borrador de la ley, aprobada en 2023. Según la jurista, el ministerio nunca cumplió con la retribución prometida ni le permitió atribuirse la autoría de su trabajo. En la demanda, De las Mercedes argumenta que estos hechos constituyen discriminación por origen nacional.
Detalles de la acusación
El documento de la demanda, que consta de 162 páginas, menciona a cinco altos cargos del equipo de la exministra Irene Montero. Entre ellos, destacan María Naredo, del gabinete jurídico del Ministerio; Antonia Morillas, exdirectora del Instituto de las Mujeres; Ana Varela, quien sucedió a Morillas; Celia Mayer, jefa de gabinete de Montero; y Ángela Rodríguez, exsecretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Aunque Montero es mencionada en varias ocasiones, el documento aclara que no hubo interacción directa con ella.
“Si la ministra no supo de la secuencia de tratamientos discriminatorios, incumplió las obligaciones de su cargo”, se menciona en el documento. “Si lo supo y no evitó la discriminación, su responsabilidad es aún mayor”.
Respuesta de los implicados
Las cinco exrepresentantes ministeriales han emitido una comunicación conjunta negando cualquier conocimiento del procedimiento judicial y rechazando las acusaciones de trato discriminatorio. Afirman que las contrataciones se realizaron conforme a la ley, aunque no respondieron a preguntas específicas sobre otros contratos similares o los criterios para la retribución ofrecida.
Proceso previo y contexto legal
Antes de presentar la demanda, De las Mercedes solicitó al Consejo de Estado la revisión de su relación laboral con el ministerio. Sin embargo, el órgano dictaminó que no existían fundamentos para considerar nulo el contrato, argumentando que la jurista aceptó las condiciones al facturar el primer contrato. La revisión de contratos fue también denegada por el Instituto de las Mujeres. De las Mercedes sostiene que continuó la relación laboral actuando de buena fe y confiando en la transparencia de la Administración.
Declaraciones de Adilia de las Mercedes
En declaraciones escritas, De las Mercedes, autora de importantes informes sobre derechos humanos, aseguró que el Ministerio de Igualdad buscó aprovechar su experiencia en estándares de derechos sexuales y reproductivos para luego apropiarse de su trabajo. La jurista resalta que su labor incluyó el análisis de numerosos documentos nacionales e internacionales, labor que culminó con la entrega del borrador del anteproyecto de ley en enero de 2022.
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