La Audiencia Nacional ha ratificado la legalidad de la investigación del caso Zapatero, llevada a cabo por María Esperanza Collazos, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Así lo especifica un auto del 29 de julio, al que ha tenido acceso este medio. El inicio de este proceso se remonta al 28 de noviembre de 2025, cuando la jueza aceptó a trámite una denuncia de la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente, abriendo una pieza separada del caso Plus Ultra, cuya investigación había sido archivada provisionalmente en enero de 2023.
Decisión de la Audiencia Nacional
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado la decisión de la jueza Collazos de investigar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la pieza separada del caso Plus Ultra. Asimismo, se ha apoyado la decisión del magistrado actual, José Luis Calama, de no devolver los dispositivos interceptados a los investigados y de mantener el secreto de las actuaciones.
Argumentos de las defensas
Los abogados de los investigados impugnaron las decisiones de la jueza, argumentando que la Fiscalía Anticorrupción no debía haber presentado la denuncia directamente ante ella. Consideraban que, al conocer la querella, la magistrada debería haberla remitido a los juzgados de Plaza de Castilla para que las pesquisas se asignaran conforme a la ley.
La Sala reconoce que “podría ponerse en duda la conveniencia de la apertura de la pieza separada por parte del Juzgado de Instrucción”, pero afirma que esta era la opción más adecuada desde el punto de vista procesal, debido a la relación evidente con los hechos investigados anteriormente.
Justificación de la Audiencia Nacional
Según el auto, la elección del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid no evidencia intencionalidad espuria. Considera razonable que la Fiscalía optara por este juzgado, dado que ya había conocido hechos directamente relacionados. Además, argumenta que la separación de la pieza principal tiene sentido, ya que las personas investigadas son diferentes de las del procedimiento original.
Nuevas denuncias y afectados
La querella de Anticorrupción se dirige a “hechos nuevos” con diferentes implicados. Entre los denunciados figuran los empresarios peruanos Felipe y Enrique Baca Arbulu, Gabriela Puente Garaboa de Venezuela, Danilo Alfonso Diazgranados también de Venezuela, Simon Leendert Verhoeven de Países Bajos, Kristhian Alegre Walter de Perú, y un abogado español. Finalmente, entre los imputados se encuentran Zapatero y su supuesto testaferro, así como la reciente solicitud de imputación de las hijas de Zapatero en el caso del PP., Julio Martínez Martínez.
Pruebas y comisiones rogatorias
Las nuevas pruebas se basan en comisiones rogatorias enviadas a Francia y Suiza, y en el material incautado durante estas diligencias. De estas investigaciones se deduce la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, a través de transferencias desde cuentas bancarias españolas de la entidad Plus Ultra hacia cuentas en el extranjero pertenecientes a entidades mercantiles bajo investigación.
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