La mayoría está presente, pero no todos los que deberían estarlo

El juicio sobre la operación Kitchen, que involucró a altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional durante el gobierno de Mariano Rajoy, se centra en la supuesta sustracción de documentos en posesión de Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. Estos documentos, considerados perjudiciales para Rajoy, fueron supuestamente obtenidos mediante una operación ejecutada entre 2013 y 2016. La operación, denominada Kitchen por el entonces comisario José Manuel Villarejo, pretendía acceder a información reservada.

Inicia el juicio

A partir del próximo 6 de abril, diez personas comparecerán ante el tribunal por su implicación en esta operación ilegal que, según se alega, fue dirigida desde la cúpula de la Policía Nacional contra Bárcenas. Inicialmente, once individuos fueron acusados, pero Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, fue exonerado debido a problemas de salud tras un ictus en 2022.

Decisiones judiciales controvertidas

El juez instructor, Manuel García-Castellón, exoneró a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, a pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción. La Sala Penal de la Audiencia Nacional respaldó esta decisión, a pesar de un informe de 2023 que contenía nuevas pruebas para reabrir la investigación. Dicho informe permaneció oculto durante dos años.

Eventos significativos de la operación

Uno de los eventos más destacados fue el asalto al domicilio de Bárcenas el 23 de octubre de 2013, cuando su esposa y su hijo fueron retenidos por Enrique Olivares García, quien se hizo pasar por un cura. Olivares, condenado a 22 años de prisión, murió en 2022. A pesar de las implicaciones, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no ha comparecido en el juicio, ni siquiera como testigo.

La cadena de mando

El juez García-Castellón indicó que la operación Kitchen tenía como objetivo desviar documentación del proceso judicial de Bárcenas. Afirmó que Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, desempeñaron roles clave. Sin embargo, el juez desestimó la implicación de Cosidó, a pesar de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción para que se investigara su participación.

Reacciones de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en julio de 2021 la imputación de Cosidó, basándose en declaraciones de los investigados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino. No obstante, el juez consideró esta diligencia innecesaria, cerrando la investigación sin incluir a Cosidó, lo que generó una apelación por parte de los fiscales.

“Por lo que respecta a la denegación de la declaración con la condición de investigado de Ignacio Cosidó, se aduce por el instructor que el fiscal omite la referencia a cualquier indicio incriminatorio que justifique su citación”, señalaron los fiscales en su recurso.

Los fiscales argumentaron que las declaraciones existentes en el expediente debían ser valoradas y que indicaban una participación directiva de Cosidó en la operación. Su exclusión del proceso, indicaron, contradice la imputación de Fernández Díaz y Martínez, sugiriendo un eslabón faltante en la cadena de mando.