En Córdoba, una madre se enfrenta a un decreto que expulsa a su hija del sistema de educación especial antes de que cumpla los 21 años. Lucía, de 20 años, sufre el síndrome de Ohtahara, un raro trastorno neurológico que afecta severamente su desarrollo psicomotor. Actualmente, está escolarizada en el centro de Educación Especial María Montessori, pero deberá abandonar sus estudios al finalizar este curso debido a una normativa que las familias consideran discriminatoria.
Desafíos del decreto educativo
Rosa María Díaz Fernández es una de las madres que ha decidido actuar contra esta regulación. Desde el nacimiento de Lucía, quien comenzó a sufrir convulsiones a los pocos días de vida, ha enfrentado diversos desafíos médicos y educativos. Inicialmente, la menor fue diagnosticada con espasmos, pero posteriormente se confirmó que padecía el síndrome de Ohtahara. Esta condición implica una dependencia total, ya que Lucía se desplaza en silla de ruedas y requiere asistencia continua para realizar actividades básicas.
Impacto del decreto en la educación especial
El conflicto radica en un decreto autonómico que impide a algunos alumnos continuar en el sistema educativo antes de los 21 años. Rosa explica que este decreto afecta a los nacidos entre enero y agosto, quienes no pueden renovar su matrícula, a diferencia de los nacidos entre septiembre y diciembre. A su juicio, esto vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución, preguntándose por qué sus hijos son discriminados de esta manera.
Falta de alternativas tras dejar el sistema educativo
Al salir del sistema educativo, las familias enfrentan un vacío de recursos. “Cuando terminan, tienes que buscarte la vida”, explica Rosa. Opciones como Fepamic o Acpacys existen, pero las plazas son limitadas, obligando a algunos padres a retirar a sus hijos antes para asegurarles un lugar en otros centros. Este cambio impacta emocionalmente a los jóvenes, quienes, como Lucía, han pasado la mayor parte de su vida en el mismo entorno educativo.
Solicitudes de modificación del decreto
Las familias han empezado a organizarse para solicitar una reunión con la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, y pedir modificaciones al decreto. Rosa Díaz subraya la urgencia de esta acción, enfatizando que, aunque su hija tal vez no se beneficie de un cambio, es crucial para los futuros estudiantes. En otras comunidades, los alumnos pueden permanecer en el sistema educativo hasta los 22 o incluso 25 años.
“No entendemos qué tiene que ver esto con discapacidad cuando estamos hablando de educación”, critica Rosa, quien asegura que la administración está retrasando soluciones al derivar el caso a la comisión de discapacidad.
La falta de respuesta por parte de las autoridades educativas ha generado frustración entre las familias. La reunión con la comisión de discapacidad está prevista para mayo, coincidiendo con el final de la legislatura, lo que, según Rosa, podría retrasar aún más cualquier posible solución.
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