La Comunidad de Madrid ha iniciado oficialmente el proceso para establecer un registro de médicos objetores al aborto, en cumplimiento de una orden judicial reciente. Este movimiento se produce tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que instó al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso a desarrollar el registro de manera inmediata. El proyecto de orden ha sido publicado en el Portal de Transparencia, abriendo así el trámite de consulta pública.
Contexto Legal y Judicial
La creación de este registro de objetores está contemplada en la reforma de 2023 de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pese a la normativa, Madrid fue la única comunidad autónoma que se negó a desarrollarlo, lo que llevó al Ministerio de Sanidad a recurrir a la vía judicial. En diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó por unanimidad el protocolo para elaborar estos registros, con la participación de todas las comunidades autónomas, incluida Madrid.
Tensión Político-Sanitaria
Este asunto ha generado tensiones significativas entre el gobierno de Ayuso y el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García. Las divergencias se intensificaron cuando, en octubre del año anterior, Sanidad envió requerimientos a Aragón, Baleares y Madrid para que cumplieran con la normativa. La negativa de Madrid derivó en declaraciones de Ayuso calificando los registros de “listas negras”.
“No voy a hacer una lista negra de médicos nunca”, afirmó Ayuso en una sesión en la Asamblea regional. “No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo”, añadió la presidenta madrileña.
Reacciones y Consecuencias
Las declaraciones de Ayuso provocaron una respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien criticó su postura al alegar que promovía “viajes clandestinos a Londres”. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, también se pronunció sobre el tema, asegurando que las mujeres que opten por interrumpir su embarazo recibirán la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes.
Aceptación y Acatamiento
Tras el auto judicial, el gobierno de Madrid manifestó su intención de recurrir la medida cautelar, aclarando que el TSJM se había pronunciado sobre la cautelar, pero no sobre el fondo del asunto. No obstante, el inicio del trámite de consulta pública representa un paso hacia el cumplimiento de la normativa.
Reacciones Políticas
La ministra de Sanidad, Mónica García, expresó su satisfacción a través de la red social X, afirmando que “Madrid deja de ser la excepción y empieza a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública”. Este anuncio marca un cambio significativo en la política sanitaria de la Comunidad de Madrid, alineándola con el marco legal nacional.
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