Mazón busca implicarse en la causa judicial de la DANA

Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha decidido adoptar una nueva estrategia en relación con la causa judicial sobre la DANA. Este lunes, presentó un escrito en el juzgado que investiga la gestión de la emergencia, solicitando ser parte de las diligencias con el fin de defender sus intereses y obtener un conocimiento detallado de la investigación en curso. Mazón está representado legalmente por Ignacio Gally, decano del Colegio de Abogados de Alicante.

Circunstancias del cambio de estrategia

Desde el inicio de las investigaciones, Mazón optó por mantenerse al margen de la causa, argumentando que no había conexión entre su actuación y el trágico resultado de 230 muertes causadas por la DANA. Aunque la jueza le invitó en tres ocasiones a comparecer acompañado de un abogado, Mazón rechazó las invitaciones, priorizando no interferir en las investigaciones.

“El compareciente ha mantenido una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica”, señala su abogado.

En los últimos meses, la jueza centró su atención en el papel de Mazón, especialmente en eventos relacionados con la DANA y la reunión en El Ventorro, lo que llevó a la comparecencia de altos cargos relacionados con su gestión en la sede judicial. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió un auto en el que descartó cualquier indicio delictivo en su actuación, reforzando la posición inicial de Mazón.

Decisiones del TSJ y posición actual

El TSJ, con el respaldo de la Fiscalía, determinó que Mazón no actuó como garante durante la emergencia ni intervino en el mensaje del ES-Alert enviado a la población. Tras esta decisión, la jueza citó a Mazón como testigo, aunque el caso continúa abierto con varias diligencias en curso, incluida una comisión rogatoria para recuperar mensajes de WhatsApp entre Mazón y su jefe de gabinete, Jose Manuel Cuenca.

La acción emprendida por Mazón busca clarificar su estatus en el proceso judicial, obligando a la jueza a determinar si su rol es simplemente el de testigo o si se le sigue investigando a pesar de las conclusiones del TSJ, que su entorno considera como un fraude procesal.