La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado una sentencia de 15 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente de manera continuada a su hija, quien tiene una discapacidad psíquica reconocida. Estos actos delictivos comenzaron cuando la víctima tenía tan solo cuatro años y se extendieron hasta principios de 2021, momento en el cual el acusado fue detenido tras la denuncia presentada por la hermana menor de la afectada.
Detalles de la sentencia y agravantes
El tribunal ha determinado que el acusado aprovechó su posición de padre y la convivencia familiar para someter a su hija, cometiendo los abusos casi a diario. La sentencia recoge que los ataques se producían principalmente cuando la madre de la menor no estaba en casa o durante sus horas de sueño. En caso de resistencia por parte de la víctima, el agresor utilizaba la fuerza física y amenazas para doblegar su voluntad, llegando a golpearla o amenazarla con un cuchillo.
Testimonios y pruebas que sustentan la condena
La Sala ha otorgado plena credibilidad al testimonio de la víctima, destacando su coherencia y precisión, respaldados por otros elementos probatorios. Entre ellos se incluye el testimonio de la hermana de la víctima, quien confirmó haber presenciado algunos de los abusos sexuales, y el de una trabajadora social de Cáritas en Medina del Campo que recibió la denuncia inicial. Asimismo, informes forenses determinaron que el relato de la víctima era producto de experiencias reales, evidenciando síntomas de estrés postraumático y daños psicológicos derivados.
Restricciones adicionales y medidas de protección
- Prohibición para el condenado de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un plazo de diez años adicional a la pena de cárcel.
- Ocho años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena.
- Privación de la patria potestad durante seis años.
- Inhabilitación especial para desempeñar cualquier papel que implique contacto regular y directo con menores por un periodo de cinco años adicional a la pena privativa de libertad.
Compensación económica y costas procesales
Además de las penas mencionadas, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 26.200 euros por los daños y perjuicios sufridos, más los intereses legales correspondientes. La sentencia también impone al acusado el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
Posibilidad de recurso
La resolución judicial permite interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Para ello, el plazo establecido es de diez días desde la notificación de la sentencia.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!