Las negociaciones entre el PSOE y Sumar para concretar un decreto anticrisis en respuesta al conflicto en Irán alcanzan momentos críticos, debido principalmente a la cuestión de la prórroga de los contratos de alquiler. Esta medida es solicitada de manera insistente por Sumar, la facción minoritaria en el gobierno, pero rechazada por Moncloa, que considera que no cuenta con el respaldo suficiente en el Parlamento.
Reuniones de última hora
En una reunión reciente, los representantes socialistas reiteraron su negativa a incluir la prórroga de los contratos de alquiler en el decreto. Esta decisión afecta a aproximadamente 600.000 contratos firmados en 2021 y que vencen este año, lo que causaría un aumento significativo en los precios de alquiler. Desde diciembre, Sumar ha insistido en esta medida, inicialmente proponiéndola en el decreto del escudo social, que fue rechazado por el PSOE debido a posibles problemas legales.
Presiones desde el arco parlamentario
A pesar del rechazo inicial, varios socios parlamentarios de izquierda, como EH Bildu y ERC, han manifestado su apoyo a la prórroga de los contratos. Estas demandas se han presentado en las conversaciones lideradas por Félix Bolaños, y también han sido respaldadas por sindicatos como el de inquilinos y CCOO.
Posiciones enfrentadas
El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha sido firme en su postura de mantener la exigencia hasta el último momento, sin considerar alternativas a la prórroga de los contratos. Sumar también ha rechazado la propuesta de limitar al 2% el aumento de los precios de alquiler, considerando que es insuficiente.
“Es insuficiente”, declararon fuentes de Sumar respecto a la propuesta de limitar el aumento de precios.
Declaraciones del ministro de Economía
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, expresó claramente la postura del gobierno al rechazar medidas en el ámbito de la vivienda.
“Con respecto a vivienda o con respecto al IVA de los alimentos, estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del real decreto-Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando”, declaró Cuerpo tras el Consejo de Ministros.
El enfoque del gobierno se centra en rebajar los precios de los carburantes y la electricidad, especialmente en sectores clave como el transporte, la agricultura y la pesca. Hasta el momento, no se han contemplado medidas para el ámbito de la vivienda o los alimentos.
Medidas fiscales en discusión
Las estrategias para contener los precios de los combustibles y la energía incluyen reducciones fiscales, descartando bonificaciones como las aplicadas anteriormente a la gasolina y el diésel. Esta decisión responde a la falta de efectividad de medidas similares en crisis anteriores, una preocupación expresada por el PNV. El lehendakari Imanol Pradales envió una carta al presidente del Gobierno solicitando medidas para aliviar el precio de la energía, entre ellas la eliminación del impuesto a la producción eléctrica y la reducción del IVA.
El Ministerio de Trabajo, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, sigue explorando estas vías de negociación en busca de soluciones efectivas.
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