En Catalunya, la tramitación de proyectos relacionados con baterías de almacenamiento energético avanza, sin embargo, su implementación enfrenta resistencias significativas a nivel local. En los últimos meses, numerosos ayuntamientos han adoptado moratorias urbanísticas para frenar o al menos ganar tiempo ante la llegada de estas infraestructuras, que aún son poco conocidas por muchos gobiernos municipales. Algunos de estos consistorios indican que desean revisar la planificación urbana y evaluar las posibles repercusiones antes de aprobar tales iniciativas.
“Hay desconfianza ante una tecnología nueva, con temores relacionados con posibles explosiones, incendios o molestias acústicas”, afirma Salvador Salat, portavoz de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en Catalunya. No obstante, Salat aclara que estos temores son infundados, ya que “las baterías de estos proyectos no son como las de los patinetes y apenas generan ruido”.
Además de la desconfianza de los municipios, también existen reticencias por parte de vecinos y algunos grupos ecologistas. Organizaciones como ‘Renovables Sí, però així No’ advierten sobre la proliferación de proyectos de baterías sin una planificación energética clara y temen que se repitan los conflictos que se han observado con los parques eólicos y fotovoltaicos.
Impacto reducido
Por su parte, el sector defiende que el almacenamiento energético no solo es compatible con las energías renovables, sino que es una pieza esencial para su viabilidad. Según las previsiones de la Generalitat, solo se requerirán 60 hectáreas para las baterías, lo que demuestra su limitado impacto espacial.
En respuesta a las moratorias, la Generalitat aprobó en 2025 un decreto que regula estas infraestructuras, estableciendo límites a la capacidad de bloqueo municipal. Los ayuntamientos pueden implementar suspensiones temporales de licencias, pero estas no pueden extenderse más allá de dos años. Si los gobiernos locales intentan prohibir de manera permanente a través de cambios en el planeamiento, la Generalitat tiene la autoridad para emitir informes desfavorables y recurrir tales decisiones.
Estrategia de implementación
La estrategia del Govern se centra en ordenar la implantación de estas infraestructuras, en lugar de vetarlas, considerando el almacenamiento como un elemento crucial para la seguridad del sistema eléctrico. Se prioriza la ubicación de las baterías cerca de subestaciones y nodos con capacidad disponible, con el objetivo de evitar la construcción de nuevas líneas y reducir costos e impactos ambientales.
Sin embargo, esto también significa que los campos de baterías no se distribuirán de manera uniforme en todo el territorio, sino que se concentrarán en municipios con mejores condiciones de conexión. Mientras algunas localidades consideran esto una oportunidad para atraer inversión, otras buscan formas de detener la oleada de proyectos.
Alternativas de almacenamiento
Además de los campos de baterías, se están explorando otras formas de almacenamiento, como las centrales hidroeléctricas reversibles, que podrían desempeñar un papel complementario al poder almacenar grandes volúmenes de energía mediante el bombeo de agua entre embalses. En Catalunya, se ha propuesto un proyecto en la Baells con la participación de la empresa energética pública de la Generalitat, L’Energètica, aunque aún enfrenta oposición de los vecinos en municipios del Berguedà.
El almacenamiento tampoco estará limitado a grandes promotores. Según Salat, otro ámbito que podría crecer en los próximos años es el de las baterías asociadas al consumidor particular, tanto en viviendas como en empresas. El objetivo es almacenar energía cuando el costo es bajo y utilizarla en horarios más caros o cuando la red falla, lo cual permite ahorrar en la factura, mejorar la autonomía y aumentar la resiliencia frente a fallos del sistema.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!