El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha expresado su descontento tras el fallo del Tribunal Supremo que desestima su recurso contra la planificación del río Tajo. A pesar de haber anticipado el resultado, la sentencia ha causado consternación entre los miembros del sindicato, dado que aseguran que los magistrados no aceptaron las pruebas periciales presentadas por sus expertos, las cuales, según el sindicato, demostraban una planificación inadecuada de los caudales ecológicos del Tajo.
Reacciones y declaraciones del presidente del Scrats
Lucas Jiménez, presidente del Scrats, manifestó que los servicios jurídicos del sindicato están analizando la resolución del tribunal y que se está considerando tomar acciones legales adicionales, aunque estas serían limitadas. Según Jiménez, es crucial una corrección de la planificación y la reversión de los caudales en el Alto Tajo, que afectan las transferencias de agua hacia el Segura.
“La política nos ha engañado”, afirmó Jiménez, dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instando a que las acciones futuras vayan en la dirección opuesta a la promesa de cerrar el trasvase.
Exigencias al Gobierno central
Jiménez también hizo un llamado al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para que se aseguren los 2.900 millones de euros prometidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. Estos fondos estaban destinados a impulsar alternativas y reducir el impacto de los caudales en los envíos de agua al Levante, aunque el líder de los regantes los calificó como “mentiras”.
El presidente del Scrats criticó duramente al Gobierno central, señalando que, aunque la sentencia reconoce la coordinación entre los planes del Segura y del Tajo debido a un programa de inversiones, solo se han concretado cien millones de euros, lo que considera insuficiente. Jiménez destacó que este incumplimiento pone en peligro el futuro económico y laboral de las regiones de Murcia, Alicante y Almería.
Impacto económico y futuro del Trasvase
El sindicalista alertó sobre el impacto “incalculable” que tendría el recorte de los caudales en estas regiones, describiendo las medidas compensatorias como un “fraude manifiesto”. Además, Jiménez informó que se están evaluando nuevas movilizaciones en respuesta a la falta de avances en proyectos clave como las plantas solares para desaladoras en Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, y la interconexión de estas instalaciones, que podrían generar 150 hm³ adicionales.
Jiménez advirtió que cualquier modificación de las reglas de explotación deberá pasar por el Congreso para su validación, y que implicaría una reducción del 50% en las aportaciones al Segura destinadas al regadío. Expresó su rechazo a más regulaciones que puedan afectar el futuro del trasvase.
“No queremos ni una sola reglamentación más, ni una sola normativa más que castre la permanencia futura del Trasvase”, declaró Jiménez, subrayando que estarán vigilantes sobre cómo votan los diputados de las regiones afectadas.
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