El Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado una moción que permitirá al consistorio participar como parte acusatoria en procesos penales relacionados con hurtos cometidos por delincuentes multirreincidentes. Esta medida busca prohibir el acceso de estos individuos a ciertos barrios o incluso expulsarlos del municipio, en un esfuerzo por mejorar la seguridad local.
Contexto legislativo
La moción, presentada por Junts per Tarragona, se basa en la Ley 1/2026, de 8 de abril, que permite a los ayuntamientos actuar como acusación en juicios por hurtos, especialmente en casos de multirreincidencia. Este marco legislativo permite a los municipios solicitar medidas cautelares, como la prohibición de acceso a determinadas áreas. La propuesta recibió el respaldo del PSC y el PP, aunque no tiene carácter vinculante.
Declaraciones del portavoz de Junts
Jordi Sendra, portavoz de Junts, defendió la moción afirmando que “quien la hace, la paga”, destacando la importancia de luchar contra aquellos que desafían la ley repetidamente. También sugirió que el alcalde Rubén Viñuales sabrá imponer el orden necesario en la ciudad.
Protocolo de actuación
La moción insta a la alcaldía a desarrollar un protocolo para seleccionar casos, basado en criterios objetivos y no discriminatorios. Este protocolo se enfocará en casos con al menos tres condenas previas y hurtos cometidos dentro del municipio. Además, se prevé la asignación de recursos presupuestarios específicos para estas acciones legales.
Acceso a bases de datos judiciales
El alcalde Viñuales informó que la Guàrdia Urbana de Tarragona tiene acceso a la base de datos SIRAJ, lo que les permite identificar a ladrones multirreincidentes. Viñuales aseguró que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar en temas de seguridad siempre que sea posible.
Apoyos y oposiciones políticas
La moción contó con el apoyo del PSC y el PP, mientras que En Comú Podem y concejales no adscritos votaron en contra. ERC y Vox se abstuvieron. Sandra Ramos (PSC) defendió la necesidad de abordar la seguridad desde una perspectiva de izquierda, mientras que Maria Mercè Martorell (PP) destacó la preocupación social por la multirreincidencia, un tema que también ha sido objeto de debate en el Congreso, donde el PP vota contra mociones de Vox sobre prioridad nacional.
Críticas y dudas
Jordi Collado de ECP criticó la moción, calificándola de ineficaz debido a la burocracia que conlleva. Los concejales no adscritos expresaron preocupaciones sobre la coordinación con la fiscalía y los costos económicos.
Opiniones de otros partidos
ERC, representada por Maria Roig, compartió la preocupación por la multirreincidencia pero calificó la moción como un gesto político sin consecuencias reales. Judit Gómez de Vox consideró la medida tardía e insuficiente, al no abordar lo que considera la raíz del problema.
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