El sindicato de prisiones TAMPM ha presentado una denuncia contra el director del Centro Penitenciario de Murcia II, ubicado en Campos del Río, por presuntas malas prácticas tras un violento motín ocurrido el pasado 10 de abril. El incidente comenzó en la sala de televisión del módulo 5, cuando un interno armado con un objeto punzante amenazó a otros reclusos, incitando un tumulto que requirió la intervención de los funcionarios del centro penitenciario.
Una vez reducido, el interno fue trasladado a una zona segura para evitar posibles represalias, pero continuó agrediendo a los trabajadores con golpes y patadas, resultando varios de ellos heridos. El sindicato critica que la falta de una clasificación adecuada de los internos permite que personas de perfil multirreincidente y conflictivo coexistan en régimen ordinario en lugar de en departamentos de régimen cerrado.
Acusaciones contra la dirección del centro
Las críticas del sindicato se centran en la figura del director del centro, Jesús Fernández, a quien acusan de llevar a cabo una gestión «arbitraria» y «vejatoria» tras el motín. Según el comunicado emitido por TAMPM, Fernández habría ignorado las lesiones sufridas por los trabajadores, retrasando el traslado hospitalario de uno de ellos hasta altas horas de la noche, y enfocándose principalmente en el lugar donde se realizó el cacheo al interno.
El sindicato asegura que el director humilló públicamente a una funcionaria, refiriéndose a ella de manera despectiva como «Super Woman» y amenazándola con procedimientos disciplinarios por su actuación durante la emergencia.
Además, se le acusa de coaccionar a los empleados para que falsearan documentos oficiales, dictando versiones inexactas sobre el hallazgo del arma utilizada en el altercado para ajustarlas a sus intereses.
Contexto de trabajo insostenible
El sindicato TAMPM denuncia un ambiente laboral insostenible, caracterizado por bajas médicas vinculadas al estrés y la ansiedad. Aseguran que el director carece de las aptitudes necesarias para manejar la prisión, especialmente ante la sobrepoblación y la significativa escasez de personal médico, ya que actualmente solo hay dos de los siete facultativos previstos.
Ante estas circunstancias, el sindicato ha decidido poner los hechos en manos de su gabinete jurídico para iniciar acciones legales. Además, han solicitado la intervención del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante la ausencia de medidas que aseguren la seguridad física de los trabajadores del centro.
Reacciones y próximos pasos
La Delegación del Gobierno, consultada sobre la denuncia, ha indicado que revisará con detenimiento la queja pública presentada por TAMPM. No obstante, aún no se han anunciado medidas concretas en respuesta a esta situación.
El caso ha generado preocupación entre los empleados de otras instituciones penitenciarias, quienes observan de cerca los acontecimientos en Campos del Río, esperando que las autoridades tomen medidas apropiadas para garantizar la integridad y el bienestar de los trabajadores en el sistema penitenciario.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!