Johan Andrés Murillo, un ciudadano español de origen colombiano, perdió la vida el 29 de enero en la calle Sinesio Delgado de Madrid. El joven, de 26 años, se encontraba implicado en una investigación judicial por presunto tráfico de drogas. A las 13:52 horas, mientras conducía un Seat León blanco, fue interceptado por un vehículo policial camuflado que lo había estado siguiendo durante hora y media. El incidente ocurrió en el distrito Fuencarral-El Pardo, frente al número 16 de esta vía, en la intersección con la calle Finisterre.
En la operación participaron dos agentes del Grupo XVIII de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada de Policía Judicial. Aprovechando la presencia de una furgoneta que obstaculizaba el paso, los agentes rodearon el coche de Johan Andrés con sus armas desenfundadas. En cuestión de segundos, una bala atravesó el abdomen del joven, causando una herida mortal. Fue sacado del vehículo y esposado contra el suelo, donde falleció poco después.
Un amigo que mantenía una conversación telefónica con Johan Andrés en el momento del incidente se convirtió en un testigo clave. Según su relato, escuchó la intervención policial, el frenazo del vehículo y el disparo. Este testimonio coincidió con una grabación del sistema de escuchas instalado con autorización judicial en el Seat León.
La información inicial proporcionada a los medios de comunicación describía una versión diferente de los hechos. Se informó que un “hombre colombiano de 30 años” con “múltiples antecedentes” había intentado embestir un vehículo policial, motivo por el cual se le disparó en defensa propia. Además, se indicó que en el coche se encontraron drogas y dinero. Estas afirmaciones contrastan con otros elementos de la investigación.
Dos versiones enfrentadas
El atestado policial documentó que el disparo se realizó para evitar que Johan Andrés atropellara a uno de los agentes al intentar maniobrar marcha atrás. Según el informe, los agentes dieron múltiples advertencias verbales antes de disparar. Esta declaración fue respaldada por el agente que disparó, quien alegó que actuó en defensa propia al percibir un movimiento sospechoso del conductor.
No obstante, la instrucción judicial, llevada a cabo por el juzgado número 52 de Madrid, ha cuestionado esta versión. El agente que disparó fue posteriormente investigado por un delito de homicidio doloso. Las medidas cautelares incluyen la retirada de su arma y la suspensión de empleo y sueldo, mientras el juez evalúa la posible imputación de su compañero como encubridor.
Relevancia de las pruebas audiovisuales
El caso dio un giro con la inclusión en el sumario de una grabación audiovisual del incidente, similar a otros casos de violencia como el asesinato en Granada., solicitada por el abogado Juan Manuel Fernández Ortega, representante de la familia de Johan Andrés. Las imágenes y el audio, considerados críticos por el juez, fueron presentados al agente investigado durante su declaración. El vídeo sugiere que no existía una amenaza tan clara que justificara el uso del arma de fuego.
“No parece en absoluto clara esa situación de riesgo vital a la que alude el agente”, indicó el juez tras revisar el material audiovisual.
Además, el abogado solicitó incorporar una grabación de audio del vehículo de Johan Andrés, que contradice la versión policial. En la grabación, se escucha a los agentes exigiendo al herido que se ponga “boca abajo y las manos a la espalda”, mientras este se quejaba del disparo. Uno de los agentes respondió con desdén, lo que refuerza la tesis del homicidio según la acusación particular.
El juez ha decidido que el caso se dirija a un juicio por la Ley del Tribunal del Jurado. Nueve ciudadanos serán quienes valoren los hechos presentados en este controvertido caso que ha puesto en tela de juicio la actuación policial.
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