Las entidades del tercer sector continúan avanzando en su objetivo de establecer un marco legal y fiscal que reconozca a los proveedores de vivienda social. Estas organizaciones buscan atraer inversiones a largo plazo, proteger el parque público y fomentar un modelo de lucro limitado, inspirado en ejemplos europeos. La propuesta de ley fue presentada en las III Jornadas de Cohabitac, una coordinadora que gestiona actualmente 5,000 viviendas sociales con el objetivo de triplicar esa cifra en cinco años.
Propuesta legislativa y cambios fiscales
La Alianza por la Vivienda Asequible y Social (ALIVAS), que incluye a Cohabitac, Provivienda y la Fundación Eguzkilore, ha presentado un texto legislativo que actualmente está siendo revisado por los ministerios de Hacienda y Economía. La propuesta incluye cambios fiscales significativos, como la reducción del IVA al 4%, un tipo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades y una reducción del 70% en el IRPF para propietarios que cedan sus viviendas a estos operadores. Estas medidas buscan proporcionar un marco jurídico sólido a agentes sin ánimo de lucro o con ánimo limitado que gestionan vivienda asequible.
Déficit estructural en vivienda social
El déficit histórico de vivienda social en España es una de las preocupaciones centrales de esta iniciativa. Mientras que la media europea de vivienda social ronda el 8%, en Catalunya apenas alcanza el 3.4%, según Jordi Terrades i Santacreu, secretario general del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat. Terrades enfatiza que la vivienda debe estar destinada a vivir, no a especular.
“La vivienda debe servir para vivir, no para especular”, ha señalado Jordi Terrades i Santacreu.
Por su parte, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha destacado la necesidad de una coordinación entre administraciones y nuevas fórmulas de colaboración público-privada para abordar este problema complejo.
Proveedores sociales de vivienda
La figura del proveedor social de vivienda es central en esta propuesta. Estos actores incluyen tanto a promotores como a gestores de vivienda. Según Carme Trilla, presidenta de Cohabitac, y otros expertos, estas entidades se inspiran en las ‘Housing Associations’ de países como Austria, Países Bajos y Reino Unido. Se espera que gestionen un porcentaje significativo del parque residencial, siguiendo unas reglas operativas específicas.
- Fundaciones
- Cooperativas
- Asociaciones
- Empresas públicas
- Sociedades de beneficio e interés común
- Sociedades anónimas de lucro limitado
Estas entidades deben reinvertir al menos el 70% de sus beneficios en crear o rehabilitar más vivienda social, asegurando que las plusvalías generadas se reinviertan de manera continua.
Incentivos fiscales y capital paciente
La propuesta incluye un conjunto de incentivos económicos diseñados para atraer el llamado “capital paciente”, inversores que buscan rentabilidad a largo plazo. Entre las medidas más urgentes destaca la aplicación del IVA superreducido del 4% para alquileres. También se propone que los proveedores tributen al 0% el impuesto sobre Sociedades y que se reduzca el 70% en el IRPF para propietarios que colaboren con estos operadores. Además, se sugiere la exención del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y de los recargos por vivienda desocupada.
“No son meros gestores, sino un conector entre el Estado y el mercado”, ha subrayado Eduardo Gutiérrez, presidente de ALIVAS.
Impacto práctico y protección del parque público
La propuesta busca transformar la gestión de la vivienda social, asegurando que los proveedores no solo cobren rentas, sino que también ofrezcan un acompañamiento intensivo a familias vulnerables, medien en conflictos vecinales y garanticen el mantenimiento del parque. La ley también pretende solucionar la “desprotección” del parque público, alineándose con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que propone una protección permanente para las viviendas financiadas con fondos públicos.
Estas medidas facilitarían la cesión de suelo público y el acceso a subvenciones, eliminando las incertidumbres que enfrentan actualmente los ayuntamientos.
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