Las entidades sociales en la Región de Murcia se enfrentan a una situación crítica debido a la falta de subvenciones que el Gobierno regional aún no ha distribuido. Alrededor de treinta organizaciones, que gestionan programas para colectivos vulnerables, esperan con incertidumbre los resultados de la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, donde se decidirá si se vota el decreto-ley que permitiría el cobro de 4,5 millones de euros en ayudas.
Tensión en la Asamblea Regional
El evento de hoy es crucial, ya que representa la última oportunidad para que se lleve a cabo la votación en la Asamblea. De no realizarse, el próximo lunes 8 de junio, el decreto será automáticamente derogado. Un decreto adicional que regula el reconocimiento del Grado III Plus de dependencia también está en juego.
La negativa de los partidos PSOE, Vox y Podemos a debatir las propuestas del Grupo Popular el pasado jueves ha causado preocupación en el sector social. Sin las subvenciones, las entidades advierten que podrían tener que suspender algunos de sus servicios esenciales.
Posiciones Políticas
El Partido Popular ha mantenido silencio respecto a posibles acuerdos con otras formaciones, aunque desde la Consejería de Política Social se informa que los servicios jurídicos están estudiando todas las alternativas posibles. Mientras tanto, el PSOE ha expresado escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo.
«El decreto-ley está en vigor desde su aprobación por el Consejo de Gobierno, por lo que el Ejecutivo de López Miras ya puede efectuar el pago a las distintas entidades. Si no lo hace, es su responsabilidad», señalaron fuentes del PSOE.
Los socialistas critican que el Gobierno regional no ha buscado consenso con su grupo parlamentario y expresan su desacuerdo con ciertas subvenciones incluidas, como la destinada a una organización antiabortista.
Impacto en el Sector Social
Desde Cermi, que representa a organizaciones de discapacidad, se advierte que la falta de pago, junto con la no ejecución de un acuerdo de aumento del 6% en 2025, está llevando a las entidades al límite. Este incremento se había acordado para mitigar el aumento de costos derivados del nuevo convenio colectivo de discapacidad, pero no se implementó debido a retrasos presupuestarios.
«Arrastramos el 6% desde el año pasado y todo lo que llevamos de 2026», afirma Pedro Martínez, presidente del Cermi. «Seguimos prestando servicios y apoyo a las personas con discapacidad y en exclusión social, pero financieramente ya no podemos seguir si no se aprueba y recibimos las ayudas».
Expectativas de Solución
A pesar de las dificultades, las entidades sociales mantienen la esperanza de una resolución favorable. Han sostenido conversaciones con representantes de todas las formaciones políticas para subrayar la urgencia de aprobar el decreto-ley.
«Estamos convencidos de que los partidos aparcarán sus diferencias políticas y pensarán en las necesidades que cubrimos», añadió Martínez.
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