El caso Leire continúa generando tensión en el ámbito político y judicial español. Las fiscales anticorrupción, Elisa Lamelas y Mar Schgarfhausen, han expresado su desacuerdo con la postura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las investigaciones reservadas abiertas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estas investigaciones, según las fiscales, podrían haber sido un mecanismo de presión sobre los agentes encargados de investigar la trama de corrupción vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán.
Investigaciones reservadas bajo escrutinio
Las investigaciones reservadas, también conocidas como “IR”, son procesos de averiguación que pueden preceder a un expediente disciplinario. Tres de estas IR, abiertas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, se encuentran en el centro del debate. Las fiscales consideran que estas acciones podrían haber sido un intento de obstrucción a la justicia, mientras que Marlaska sostiene que se trató de procedimientos normales en la gestión interna de la Guardia Civil.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tiene la tarea de determinar si estas acciones constituyen un “delito continuado de prevaricación administrativa” o un “delito contra la administración de justicia”. La imputación reciente contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones.
Posturas enfrentadas en el Senado
En el Senado, Marlaska defendió que ninguna de las investigaciones tuvo carácter de presión. Durante su comparecencia, respondió a las preguntas de los portavoces de Vox, Junts y el PP, destacando que las IR fueron necesarias para evaluar posibles situaciones anómalas. Sin embargo, las fiscales argumentan que estas acciones podrían haber servido como un mecanismo de hostigamiento hacia los investigadores policiales.
- La primera IR fue abierta el 4 de diciembre de 2024, tras la publicación de datos del correo electrónico de Begoña Gómez.
- La segunda, el 11 de mayo de 2025, se centró en sospechas de filtraciones a la prensa.
- La tercera, el 1 de septiembre de 2025, siguió a un artículo sobre presiones del DAO sobre la UCO.
Declaraciones contradictorias
El exjefe de la UCO, general Rafael Yuste, y el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, señalaron que nunca habían visto tantas investigaciones reservadas abiertas sobre una misma unidad. Marlaska, por su parte, indicó que en un periodo anterior se habían abierto más de 70 investigaciones similares en la UCO, sugiriendo que no hay nada inusual en la cantidad de IR actuales.
“Estoy convencido de que no ha habido ninguna presión”, afirmó Marlaska en respuesta al senador de Vox Ángel Gordillo.
Fiscales buscan aclaración judicial
Las fiscales han solicitado al juez Pedraz que verifique si el uso repetido del poder disciplinario pudo constituir un medio intimidatorio. Consideran que la diferencia entre una advertencia aislada y el uso sistemático del aparato disciplinario como hostigamiento es significativa. Este enfoque, según ellas, podría haber tenido un impacto en la investigación de la trama Leire, y en la relación de la directora de la Guardia Civil con dicha red.
El desarrollo de este caso sigue capturando la atención pública y política, con implicaciones significativas para la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. La audiencia del 16 de julio, donde se espera que Mercedes González comparezca, será crucial para esclarecer estos asuntos y determinar los próximos pasos en el proceso judicial.
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