El Gobierno español ha reafirmado que la consulta con las comunidades autónomas sobre la modificación del Reglamento General de Costas no alterará los criterios de deslinde ni las concesiones de carácter no económico. Según el Ejecutivo, esta decisión busca garantizar la participación de las autonomías litorales, aunque los resultados de sus informes no modificarán las disposiciones técnicas establecidas previamente.
En una serie de respuestas parlamentarias, el Gobierno indicó que la modificación del reglamento no implicará una reducción de los plazos de concesión en el dominio público marítimo-terrestre. En cambio, se prevé una ampliación de las concesiones para cultivos marinos de 50 a 75 años, en línea con la legislación de 2014. Estas medidas, según el Ejecutivo, aseguran la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral conforme al marco comunitario.
Conflictos entre Gobierno y Generalitat Valenciana
Este anuncio se enmarca en la disputa en curso entre el Gobierno central y el Consell de la Comunidad Valenciana sobre los deslindes costeros. En febrero, el Consejo de Ministros decidió llevar al Tribunal Constitucional la Ley de la Costa Valenciana, después de que una comisión bilateral entre ambas administraciones no lograra resolver las diferencias.
El Gobierno central ha señalado que de los 32 puntos de la ley valenciana que consideraban invasión de competencias estatales, solo dos se han mantenido en el recurso: la declaración de núcleos urbanos con especial valor etnológico y el inventario de bienes dentro del dominio marítimo-terrestre. Estos preceptos buscaban evitar los deslindes y el derribo de viviendas en zonas de avance costero, lo que el Gobierno central considera como una postura de negación frente al cambio climático.
Procedimiento de modificación reglamentaria
El Ejecutivo ha seguido los plazos establecidos en la normativa vigente durante la tramitación de esta modificación. La consulta previa se abrió del 4 al 19 de febrero de 2026, y tras analizar las observaciones, se elaboró un borrador que fue sometido a audiencia e información pública del 9 de marzo al 1 de abril de 2026.
El dictamen del Consejo de Estado se solicitará posteriormente, conforme a la normativa vigente. El Gobierno ha enfatizado que la propuesta normativa difiere del texto del Real Decreto que modificaba el Reglamento General de Costas, declarado nulo por el Tribunal Supremo en 2024 debido a la falta de consulta pública.
Interrogantes parlamentarios sobre el proceso
Las parlamentarias del Partido Popular, Rosa Quintana Carballo y Ainhoa Molina, han cuestionado al Gobierno sobre el estado del borrador de la modificación reglamentaria y su publicación durante la consulta previa. También han preguntado si el Ministerio ha solicitado un informe al Consejo de Estado y por qué el plazo de la consulta pública fue limitado a 15 días.
Además, han planteado interrogantes sobre la convocatoria de la Conferencia Sectorial con las comunidades costeras y si se ha pedido un informe a Galicia, dada su extensa costa y concentración de actividades marinas e industriales.
Reacción de las comunidades autónomas
En marzo, varias autonomías litorales celebraron la II Cumbre Nacional del Litoral en Valencia, donde representantes de las comunidades con costa se unieron para solicitar al Gobierno una nueva Ley de Costas que ofrezca mayor seguridad jurídica y se adapte mejor a la realidad de cada región. Los asistentes abogaron por superar la actual política de deslindes y desarrollar una normativa más actual y sensible a las particularidades locales.
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