La comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha emitido un dictamen final que critica severamente la gestión de los contratos públicos durante la pandemia de Covid-19. Según el documento, la dirección de la crisis en Canarias fue “opaca, negligente y laxa”, lo que pone en cuestión la actuación del expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres, así como de otros altos cargos de la sanidad regional.
Conclusiones del Dictamen
El informe señala que la gestión no se trató de errores puntuales, sino de un patrón generalizado de mala administración. Se destaca una falta de transparencia y control en el manejo de los fondos públicos, además de una toma de decisiones que ignoró los protocolos establecidos. Los nombres mencionados en el dictamen incluyen a Torres, los exconsejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo, y el exdirector del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera.
“Una forma de gestión políticamente reprochable y fallida: opaca en su estructura y en la toma de decisiones, negligente y laxa en sus controles, falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos, invasiva sobre la esfera técnica y nula, tardía y poco transparente cuando afloraron las primeras irregularidades”, detalla el dictamen.
Instrucciones Políticas y Seguimiento
El dictamen acusa directamente al expresidente Torres de haber ejercido un “interés y seguimiento continuado e insistente” respecto a contratos específicos, como el de la empresa Soluciones de Gestión, actualmente bajo juicio en el Tribunal Supremo. El texto resalta que Torres y el viceconsejero Olivera intervinieron en la aceleración de pagos y en la transmisión de instrucciones políticas, lo cual contraviene el principio de separación de funciones.
Un Sistema de Gestión Cuestionable
La comisión describe un entorno en el que, bajo la presión de la emergencia sanitaria, se relajaron controles y se tomaron decisiones opacas. Según el informe, esta situación permitió que contratos de gran envergadura escaparan al escrutinio habitual de la administración pública.
Casos Destacados en el Dictamen
- RR7 United: Se presenta como un ejemplo de quiebra de controles, con una empresa sin experiencia suficiente gestionando un contrato de alto coste y problemas de suministro.
- Soluciones de Gestión: Identificado como un expediente donde la intervención política sobrepasó los procedimientos administrativos normales.
- Eurofins Megalab: Descrito como un caso de acceso privilegiado y prestación de servicios sin contrato previo, que posteriormente se regularizaron bajo la justificación de emergencia.
Responsabilidad Política y Judicial
El dictamen establece una distinción entre responsabilidad política y judicial. Aunque la comisión no busca sustituir la labor de los tribunales, sí enfatiza que la responsabilidad política de quienes dirigían la gestión pública durante la pandemia no puede ser ignorada. La responsabilidad recae en el Gobierno de Canarias en su conjunto, con una carga especial sobre el entonces presidente Torres.
Este informe permite a los grupos parlamentarios presentar textos alternativos y enmiendas, lo que podría modificar parcialmente las conclusiones finales del dictamen. No obstante, el documento representa una crítica profunda a la gestión política de la crisis sanitaria en Canarias.
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