La Fiscalía Provincial de Córdoba ha respaldado la ampliación de las limitaciones impuestas por el Juzgado de Instrucción de Montoro al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en la zona cero de Adamuz. Según el fiscal delegado de Montoro, Alejandro Izuel, no se puede descartar la necesidad de realizar nuevas diligencias en el lugar del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero.
Ampliación del área de investigación
El fiscal Izuel ha destacado que la rotura de la soldadura que desencadenó el siniestro podría encontrarse en el punto kilométrico 318+681. Por ello, considera necesario ampliar la zona de control judicial desde el punto kilométrico 321+098 hasta el 315+974, más allá del tramo propuesto inicialmente por Adif, que abarcaba desde los puntos kilométricos 317+585 a 318+785 de la línea 010.
“Es prudente que la necesidad de comunicación abarque desde el punto kilométrico 321+098 al 315+974, teniendo en cuenta que, presumiblemente, la rotura de la soldadura desencadenante del siniestro se encuentra en el punto kilométrico 318+681”, afirmó el fiscal.
Procedimiento de supervisión
La titular del Juzgado de Instrucción de Montoro, Cristina Pastor, ha emitido una providencia el 12 de marzo en la que se aclaran estas limitaciones a Adif. En este contexto, la Fiscalía ha enfatizado la importancia de un preaviso que garantice que el juzgado pueda ser informado con suficiente antelación sobre cualquier intervención en la infraestructura ferroviaria que altere el estado del terreno.
El Ministerio Fiscal estima necesario un preaviso de 15 días para que la instructora pueda valorar la oportunidad de adoptar medidas de conservación en la zona cero, mientras se investiga el accidente que resultó en 46 fallecidos y un centenar de heridos.
Requerimientos a Adif
La jueza ha requerido a Adif que informe de manera inmediata sobre cualquier actuación en el área afectada sin la debida autorización judicial. Esta solicitud se realizó después de que se sospechara que Adif pudo haber actuado en la zona el 3 de marzo sin el consentimiento necesario.
- El Juzgado de Instrucción de Montoro y la Fiscalía coinciden en la necesidad de proteger la zona afectada mientras se lleva a cabo la investigación.
- Se ha acordado un preaviso de 15 días para cualquier trabajo que pueda alterar la zona investigada.
- La ampliación de la zona bajo supervisión judicial busca facilitar futuras diligencias necesarias.
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