En el Congreso, Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han tratado de suavizar sus diferencias tras el gran apagón de 2025, aunque persisten las tensiones en torno a las medidas preventivas tomadas. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, responsabiliza a la normativa desfasada del regulador por los retrasos en las medidas de control, mientras que Rocío Prieto, directora de Energía de la CNMC, sostiene que el sistema contaba con mecanismos suficientes para evitar el apagón.
Contexto y sanciones
En el contexto de una comparecencia en el Congreso, tanto Red Eléctrica como CNMC evitaron enfrentamientos directos sobre el expediente abierto contra el operador el 17 de abril. Sin embargo, el clima de tensión entre los actores del sector eléctrico persiste, con más de 60 expedientes sancionadores relacionados con el apagón, el más grave contra Red Eléctrica, con una posible multa de hasta 60 millones de euros. Las grandes compañías eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy han señalado al operador del sistema por una planificación inadecuada, mientras que las disputas legales por las indemnizaciones podrían prolongarse durante años.
Implicaciones políticas
El entorno político añade complejidad a la situación, dado que el mandato de Cani Fernández, presidenta del regulador, concluye en junio. Le corresponde al Ministerio de Economía proponer a su sucesor, mientras que el Gobierno es el principal accionista de Redeia con un 20% del capital.
Acusaciones y defensas
Beatriz Corredor criticó al regulador por imputar a la empresa “hechos indeterminados”, lo que, según ella, deja a Red Eléctrica en “indefensión”. Además, recordó que han solicitado el archivo del expediente y señaló que si el procedimiento de operación 7.4 se hubiera aplicado antes del apagón, el incidente podría haberse evitado.
Por su parte, Rocío Prieto, de la CNMC, resaltó que el sistema ya contaba con herramientas para prevenir el apagón. Explicó que muchos de los expedientes iniciados están relacionados con el procedimiento 7.4 y reiteró que la obligación de controlar la tensión se aplica a toda la generación síncrona, incluidos los ciclos combinados, la energía nuclear y la hidráulica.
Controversia sobre los audios
Durante la comparecencia, Corredor defendió el informe de los investigadores europeos de Entso-E frente a las cuestionamientos de los diputados. Desestimó la relevancia de los audios filtrados de los técnicos que advertían sobre problemas de sobretensión antes del apagón, afirmando que los expertos europeos los consideraron irrelevantes para la investigación.
Finalmente, la presidenta de Redeia volvió a imputar el origen del apagón a una oscilación en una planta fotovoltaica de Badajoz y criticó a las compañías eléctricas por no cumplir con sus obligaciones de control de tensión, insistiendo en que el apagón podría haberse evitado si se hubiera absorbido la energía reactiva asignada a cada grupo.
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