La Unión Europea ha adoptado una nueva normativa migratoria que permitirá acelerar la expulsión de migrantes en situación irregular. Esta medida marca un endurecimiento significativo de las políticas migratorias del bloque. Tras dos meses de intensas negociaciones, la presidencia chipriota y los representantes de la Eurocámara lograron un acuerdo sobre el reglamento de retornos, que legaliza la creación de centros de deportación en terceros países. Este modelo, impulsado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ya se ha aplicado en Albania.
Discrepancias entre los Estados Miembro
El Gobierno de España se ha encontrado solo en su defensa de políticas migratorias éticas y el respeto a los derechos humanos. La nueva normativa europea contrasta con las propuestas españolas de regularización de migrantes. Un obstáculo clave en las negociaciones fue la fecha de entrada en vigor de la normativa, que finalmente se aplicará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque varias disposiciones se implementarán 12 meses después. Este intervalo permitirá a los Estados miembros adaptar sus leyes y preparar a su personal.
Detalles del Acuerdo
El reglamento establece obligaciones específicas para los solicitantes de asilo, quienes deberán cooperar con las autoridades para facilitar su expulsión si se les niega el asilo. Además, contempla periodos de detención de hasta 24 meses para repatriados que no cooperen o presenten riesgo de fuga. Esta normativa se aplicará incluso a menores no acompañados y familias con niños, aunque se enfatiza que debería ser un recurso de último recurso y por el menor tiempo posible.
Legislación Nacional
Los Estados miembros mantendrán la competencia para definir motivos de detención y plazos bajo su legislación nacional, con decisiones supervisadas por las autoridades judiciales. También podrán ofrecer alternativas a la detención, como la presentación de informes periódicos, residencia fija o garantías financieras. Además, deberán reconocer y ejecutar órdenes de expulsión emitidas por otros Estados miembros antes de julio de 2027, según la propuesta de la Comisión.
Externalización de Centros de Deportación
La directiva refuerza la externalización de centros de deportación a terceros países, con el objetivo de procesar el retorno de migrantes fuera del territorio de la UE. Estos acuerdos, como el negociado por Italia con Albania, podrán ser gestionados por uno o varios países de la UE. No obstante, los menores no acompañados no podrán ser transferidos a estos centros.
Críticas a la Nueva Normativa
Marta Welander, directora de política en la UE del Comité Internacional de Rescate (IRC), expresó su preocupación: “Lo más preocupante es que los gobiernos se han apresurado a reforzar los poderes de deportación sin establecer las salvaguardias adecuadas para evitar detenciones ilegales, abusos de poder y violaciones de los derechos humanos”.
Las críticas apuntan a que la normativa deja a los migrantes vulnerables a diversas formas de explotación y abuso, sin mecanismos de protección adecuados.
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