Más de 200 organizaciones cívicas, sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana, junto con asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV), se congregaron este sábado en Valencia para exigir responsabilidades políticas y judiciales tras la dana de 2024. La manifestación pidió la eliminación del aforamiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su comparecencia ante el juzgado de Catarroja. Diecinueve meses después del desastre, las entidades denuncian que el político aún conserva su acta de diputado y que las políticas del Consell continúan, según su perspectiva, poniendo en riesgo la seguridad de la población.
Participación del sector educativo
Entre los diversos bloques de participantes, destacó una columna específica del sector educativo, que se unió en apoyo a la huelga indefinida de este ámbito. Los movimientos sociales instaron a familias y docentes a integrarse en la manifestación para visibilizar sus reivindicaciones y fortalecer la presencia de sus demandas en el contexto de la protesta.
La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, Mariló Gradolí, enfatizó que, 19 meses después de la inundación, continúan manifestándose porque aún no han conseguido “verdad, justicia y reparación”. Recordó que la marcha sigue el recorrido de la primera gran manifestación, que contó con el apoyo de unas 130.000 personas, un respaldo que, según ella, “permanece más vivo que nunca”. Gradolí insistió en que el objetivo se mantiene firme: lograr verdad, justicia, reparación y seguridad para el futuro.
Investigación en Les Corts
En relación con la Comisión de Investigación de la dana en Les Corts, Gradolí defendió la necesidad de que las víctimas participen, asegurando que su voz debe estar presente en ese espacio institucional. Sin embargo, señaló que “la verdadera comisión de investigación es el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja”, donde, según indicó, los hechos que se están investigando sugieren que existía suficiente información para alertar a la población y medios para avisar, algo que, sostiene, no se hizo.
Reacciones y contexto político
El contexto político se ve intensificado por la exigencia de responsabilidades tanto políticas como judiciales. Las demandas de los manifestantes reflejan un deseo por un cambio estructural en la gestión pública y una crítica a la falta de respuesta adecuada ante emergencias pasadas. Además, se resalta la importancia de la participación ciudadana en los procesos de decisión política, en busca de mayor transparencia y responsabilidad institucional.
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