Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha respaldado la legalidad del despido disciplinario de un trabajador que se negó a mostrar el contenido de su mochila durante un control interno de la empresa. La decisión del tribunal desestima el recurso presentado por el empleado, afirmando que no se vulneraron sus derechos fundamentales.
Contexto del caso
El trabajador afectado, un oficial de primera en una compañía dedicada a la fabricación y montaje de mobiliario, había estado en la empresa desde julio de 1998. Sin previo aviso, la dirección de la empresa comenzó a implementar inspecciones esporádicas a las pertenencias de los empleados al finalizar los turnos de trabajo. Estas inspecciones eran llevadas a cabo por el personal de seguridad, acompañado por la responsable de prevención de riesgos laborales y los delegados de los trabajadores.
Motivación para los registros
La empresa justificó la implementación de estos controles debido a la detección de hurtos de material y herramientas. Durante las inspecciones, el personal de seguridad solicitaba la apertura de las bolsas o mochilas y visualizaba su interior con la ayuda de una linterna, sin manipular directamente los contenidos. En ocasiones, se pedía a los propietarios que movieran los objetos dentro de la bolsa para facilitar la inspección.
Detalles del incidente
El incidente que llevó al despido ocurrió el 30 de mayo de 2024, durante un control rutinario al término del turno de tarde. El personal de seguridad se ubicó en los tornos de acceso y vestuarios. En este contexto, el trabajador se negó a abrir su bolsa, afirmando que no mostraría su contenido. Ante la insistencia de los responsables de seguridad, mantuvo su negativa, lo que derivó en su despido el 18 de junio.
Fundamentación legal del despido
El tribunal consideró que el despido fue procedente, ya que los registros estaban motivados por sospechas de hurto y se realizaban con un “fin legítimo” para proteger el patrimonio de la empresa. Según el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, tales registros son permisibles bajo estas circunstancias. La sentencia subrayó que las inspecciones eran mínimamente invasivas y contaban con la presencia de representantes de los trabajadores.
“No existió vulneración alguna de la dignidad del demandante ni exhibición ante terceros del contenido del bolso”, recoge la sentencia.
Conclusiones del tribunal
La Sala Social del TSJ concluyó que la negativa del trabajador representó un acto de desobediencia directa que socava las legítimas facultades de la empresa para proteger su patrimonio y seguridad. La conducta del empleado fue calificada como desobediencia grave, justificada por el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido en tales circunstancias. En consecuencia, la sentencia fue confirmada en su totalidad.
El trabajador tiene la posibilidad de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
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