Juristas exigen claridad en el uso de IA para trámites y sanciones

La utilización de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública ha generado un intenso debate entre expertos en derecho administrativo, quienes demandan mayor transparencia y regulación en estos procesos. La Facultad de Derecho acogió un congreso dirigido por los catedráticos Alejandro Huergo y Gustavo Manuel Díaz de la Universidad de Oviedo, donde se abordó este tema crucial.

La IA en la administración pública

Isaac Martín Delgado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, destacó que aunque la IA puede elaborar pliegos para concursos o detectar fraudes, su implementación no debe ser indiscriminada. “No todo lo tecnológicamente posible es jurídicamente viable”, afirmó. En el congreso se discutió cómo estas herramientas ya están integradas en diversos procesos administrativos, desde la lectura de matrículas hasta la toma de decisiones más complejas.

La necesidad de una regulación clara

Martín Delgado enfatizó la importancia de que las administraciones informen a los ciudadanos sobre los procesos automatizados. A pesar de que las decisiones administrativas basadas en IA pueden ser recurridas, es esencial que se documente el uso de estas tecnologías, su funcionamiento y las posibles consecuencias. “Un buen uso puede mejorar capacidades humanas, mientras que un mal uso puede dañar derechos e intereses públicos”, sostuvo.

Propuestas para un marco regulatorio

El catedrático Oriol Mir Puigpelat, de la Universidad Pompeu Fabra, participa en un proyecto académico europeo que busca establecer un código de procedimiento administrativo para la Unión Europea, con el fin de inspirar reformas legislativas a nivel nacional y autonómico. Mir Puigpelat sugirió la realización de evaluaciones mínimas antes de implementar sistemas automatizados que tengan un impacto significativo en procedimientos administrativos.

Derechos de los ciudadanos y responsabilidad administrativa

Mir Puigpelat defendió que los ciudadanos deben ser informados si su procedimiento está automatizado, total o parcialmente, y tener el derecho de solicitar intervención humana cuando sea necesario. “Podría pedirse que un funcionario revise la decisión si se cree que existe un error, o nombrar a una persona como responsable última del proceso y que también esa información sea pública”, explicó.

El equilibrio entre innovación y control

Los expertos coinciden en que es crucial establecer contrapesos que legitimen el uso de la IA en la administración. Si bien la tecnología ofrece numerosas ventajas, su aplicación debe realizarse con un marco regulatorio proporcional que garantice que se protegen los derechos e intereses públicos. El objetivo es motivar de manera clara el uso de estas herramientas y su influencia en las decisiones finales.