El 12 de julio de 2022, personal de la Policía Nacional y del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga fueron notificados sobre el descubrimiento de un cadáver en una alcantarilla, enterrado a ocho metros de profundidad en el barrio de Teatinos. Las investigaciones y los exámenes forenses determinaron que el cuerpo, que presentaba señales de violencia, había estado en la arqueta desde el 29 de mayo, y la víctima había muerto el 25 del mismo mes. Se trataba de una mujer de 62 años, originaria de Benagalbón, cuyo asesinato se motivó por el PIN de su tarjeta de crédito.
Acusación y Antecedentes del Crimen
El principal sospechoso es el hijo adoptivo menor de la víctima, quien enfrenta una petición de 21 años y diez meses de prisión. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 29 de mayo, el acusado, junto con un amigo menor de edad que ya ha sido juzgado, se dirigió al hogar de su madre. Forzaron la cerradura para ingresar y esperaron su llegada.
Ángela, la víctima, llegó a su hogar a las tres de la tarde, momento en el que su hijo le exigió el PIN de su tarjeta de crédito para retirar dinero. Tras una discusión, el acusado supuestamente la agredió físicamente, golpeándola en la cabeza hasta que la mujer accedió a entregar el código.
Desarrollo de los Hechos
El Ministerio Público detalla que tras obtener el PIN, el acusado y su cómplice ataron a Ángela de pies y manos y la amordazaron con un trozo de tela y una cuerda. Aunque la víctima logró liberarse brevemente, los atacantes la asfixiaron, impidiéndole cualquier posibilidad de defensa, resultando en su fallecimiento.
Los presuntos autores del crimen sustrajeron 900 euros que Ángela había retirado esa misma mañana y colocaron su cuerpo en un congelador. Posteriormente, lo trasladaron al trastero, lo escondieron en un baúl y, en la madrugada del 29 de mayo, lo arrojaron en una arqueta en la calle Juan de Robles.
Cargos y Solicitudes de la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que los hechos configuran delitos de asesinato con alevosía, robo con violencia en domicilio habitado y profanación de cadáveres, con un agravante de parentesco y una eximente incompleta de alteración mental. Por ello, pide una pena de 21 años y diez meses de prisión para el acusado.
En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que el hijo menor indemnice a los herederos de la víctima con 120.000 euros, además de 900 euros por los bienes sustraídos.
Acusaciones Particulares y Encubrimiento
Las acusaciones particulares, representando al hijo mayor de Ángela y sus hermanos, exigen la misma pena para el principal acusado, además de culpar a dos mujeres de encubridoras. Argumentan que el procesado y su cómplice informaron de lo sucedido a la madre del menor y a su esposa, quienes aconsejaron ocultar el crimen.
Según los escritos de las acusaciones, estas mujeres se mudaron al domicilio de Ángela tras los hechos, guardando sus pertenencias en el trastero donde se hallaba el cadáver. Por estos actos, se solicita una condena de tres años de cárcel para cada una de ellas.
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