Las organizaciones no gubernamentales han encendido las alarmas ante la proliferación de cobros ilegales relacionados con el empadronamiento en la Región de Murcia. Estas prácticas, propiciadas por el bloqueo de citas y la exigencia de documentos innecesarios en varios ayuntamientos, están siendo explotadas por redes mafiosas que cobran hasta 3.000 euros por el acceso a este servicio, que debería ser gratuito.
Denuncias y obstáculos administrativos
Un ciudadano boliviano que intentó empadronarse en Archena se encontró con una negativa administrativa a pesar de que la ley garantiza este trámite sin costo y en menos de tres meses, independientemente de la situación legal del solicitante. Según su relato, las citas están completamente cubiertas, lo que le obliga a esperar hasta septiembre para intentar nuevamente. Esta situación fue documentada por Izquierda Unida-Verdes, quienes presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo. La resolución instó al ayuntamiento a corregir las deficiencias y permitir la tramitación telemática.
Casos similares se han registrado en otros municipios como Mazarrón, donde el Defensor del Pueblo también ha intervenido. Las prácticas obstructivas afectan principalmente a migrantes, quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, servicios sociales y educación para menores.
Prácticas obstructivas identificadas
Un informe de la Coordinadora Estatal ‘Padrón por derecho’, señala a la Región de Murcia como una de las más afectadas por el incumplimiento de la obligación de empadronamiento. Se identifican prácticas como:
- Exigencia de contratos de alquiler o escrituras notariales.
- Denegación arbitraria de citas.
- Falta de intérpretes.
- Requerimiento de intervención policial antes del alta.
Estas prácticas fomentan un mercado negro donde se exige dinero a los inmigrantes para completar el trámite. La Policía Nacional ha documentado cobros de entre 500 y 3.000 euros en operaciones recientes.
Impacto en la población migrante
«El primer problema es conseguir la cita», denuncia Aziz Diouf, presidente de la asociación de senegaleses. «Después, encuentras dificultades injustificadas, muchas veces depende del funcionario. Hay algunos que te exigen cosas innecesarias», añade.
Las ONG están preocupadas por el uso del padrón para limitar derechos. Juan Guirado, portavoz de Convivir Sin Racismo, subraya que incluso cambios legislativos recientes han endurecido los requisitos para parejas de hecho, agregando barreras al empadronamiento.
Esfuerzos y recomendaciones
Las organizaciones han intensificado sus esfuerzos para combatir estas prácticas ilegales, aunque el problema persiste. Ángela López, coordinadora de Oblatas Murcia, señala que los ayuntamientos deben cumplir con la ley y facilitar el trámite del padrón. Marian Sánchez, trabajadora social de la misma entidad, ha tenido que intervenir personalmente en casos donde se intentó cobrar ilegalmente por el empadronamiento.
A pesar de las intervenciones y medidas tomadas, muchas personas afectadas por estas prácticas no cuentan con los recursos o apoyos necesarios para enfrentar la situación, lo que los empuja a circuitos ilegales y vulnera aún más sus derechos.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero en opinar!