El Partido Popular ha intensificado su presión política sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en respuesta a la denuncia contra el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de una presunta violación a una subordinada. Ante esta situación, el PP ha anunciado la creación de una ponencia en la Comisión de Interior del Senado, donde posee mayoría absoluta, con el objeto de auditar la gestión del ministro al frente del departamento, señalando lo que consideran una grave degradación de su gestión.
Acusaciones y demandas del Partido Popular
La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que Fernando Grande-Marlaska es uno de los ministros más longevos del gobierno de Pedro Sánchez y, por ende, ha acumulado numerosos escándalos. Gamarra ha exigido respuestas sobre las acciones que Marlaska planea implementar para evitar futuras agresiones sexuales dentro de la Policía Nacional y ha criticado su falta de dimisión ante lo que califica como hechos graves.
“¿Le parece poco fracaso al ministro que no haya confiado una mujer en los canales del propio Ministerio?”, cuestionó Gamarra, subrayando la necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión del ministerio, similar a el liderazgo de Guardiola en el diálogo con Vox en Extremadura.
Investigación en el Senado
El Partido Popular también ha acusado al ministro de negarse a localizar a un presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de que no declare en la comisión de investigación de la operación Delorme, conocida como ‘caso Koldo’, que se celebra en el Senado. La comparecencia de Julio Martínez Martínez, apodado ‘Julito’, está programada para el próximo jueves 26 de febrero a las 10:00 horas, aunque aún no se ha obtenido respuesta sobre su participación.
Cuestionamientos sobre la política migratoria
En el ámbito político, Cuca Gamarra también ha manifestado su desacuerdo con la regularización masiva de inmigrantes promovida por el actual Gobierno. Gamarra ha calificado esta medida de “absoluta temeridad”, argumentando que el proceso de regularización solo requiere una declaración responsable que certifique la ausencia de antecedentes penales fuera de España.
Críticas a los socios del Gobierno
Además, la dirigente popular ha lanzado críticas a los socios del Gobierno, acusándolos de respaldar incondicionalmente las decisiones del Ejecutivo con el fin de mantener su supervivencia política. Gamarra afirmó que, a pesar de la posible reestructuración o cambio de nombre de estas formaciones, no lograrán evitar una derrota electoral. Se refirió al acto celebrado en Madrid por Izquierda Unida, Sumar, Comunes y Más Madrid, que busca formar una coalición electoral de cara a las próximas elecciones generales.
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