En los últimos diez años, la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya ha sido un proceso complicado, caracterizado por interrupciones externas. Durante este período, solo se han aprobado cuatro presupuestos, mientras que seis veces se ha recurrido a prórrogas. Este fenómeno no ha sido consecuencia del contenido económico de las propuestas, sino de factores políticos externos. Actualmente, la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la Generalitat es el principal factor condicionante, aunque en años anteriores fueron un referéndum, un proyecto de casino o una carretera los que influyeron decisivamente.
El impacto del referéndum y el artículo 155 (2016-2021)
El periodo comenzó en 2016 cuando la CUP rechazó los primeros presupuestos del entonces presidente Carles Puigdemont. La negativa no se debió a cuestiones numéricas, sino a un desacuerdo con la falta de avances en la agenda “rupturista” tras las elecciones. Más tarde, los anticapitalistas apoyaron los presupuestos de 2017 a cambio de la promesa del referéndum del 1 de octubre. En 2018 y 2019, la intervención de la autonomía catalana y el juicio del 1-O bloquearon cualquier posibilidad de negociación. La única excepción fue en 2020, cuando la pandemia facilitó un acuerdo entre Junts, ERC y los Comuns.
Proyectos controvertidos y el papel de los Comuns (2022)
En 2021, Pere Aragonès asumió la presidencia con el apoyo de la CUP, pero esta relación no se tradujo en respaldo a los presupuestos de 2022. La CUP se distanció debido a proyectos como la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno y la ampliación del aeropuerto de El Prat. Finalmente, los Comuns accedieron a negociar y retiraron una enmienda a cambio de ciertas concesiones fiscales y sociales. Estos fueron los últimos presupuestos aprobados dentro del plazo, con Jaume Giró como conseller de Economía.
El acuerdo sobre la carretera B-40 (2023)
Las cuentas de 2023 se aprobaron tras un arduo proceso de negociación entre ERC y el PSC. Aragonès, ya sin el apoyo de Junts, alcanzó un acuerdo primero con los Comuns y posteriormente con los socialistas, a pesar de las reservas iniciales. Este acuerdo incluyó proyectos polémicos como la construcción de la B-40 y el desarrollo del macroproyecto de Hard Rock en Tarragona.
El caso Hard Rock y la ruptura de la legislatura (2024)
El proyecto de Hard Rock, una condición del PSC para apoyar los presupuestos de 2023, generó una crisis en la legislatura al año siguiente. Los Comuns, enfrentados a ERC por su exclusión del gobierno de Barcelona, forzaron a Aragonès a elegir entre abandonar el proyecto o quedarse sin cuentas. Este conflicto llevó a elecciones anticipadas, donde ERC sufrió una significativa pérdida de escaños, y Salvador Illa asumió la presidencia con el apoyo de ERC y los Comuns.
Crisis interna en ERC y el fracaso de los presupuestos (2025)
El primer intento de Illa para aprobar presupuestos se vio frustrado por una crisis interna en ERC. Las divisiones dentro del partido impidieron cualquier acuerdo con el PSC, por temor a perder el respaldo de los militantes. Con Oriol Junqueras y Elisenda Alamany al mando, ERC intentó distanciarse de los socialistas, lo que llevó al rechazo formal de las cuentas.
El conflicto actual con el IRPF (2026)
Este año, las negociaciones presupuestarias están en suspenso debido a la demanda de ERC de que se cumpla la promesa de permitir a Catalunya recaudar el IRPF. Aunque Illa asumió este compromiso durante su investidura, el gobierno central se ha mostrado reacio, poniendo en peligro la aprobación de las cuentas y aumentando el riesgo de una tercera prórroga consecutiva.
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