Los documentos recientemente desclasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 revelan que los servicios secretos españoles anticiparon la posibilidad de un enfrentamiento directo entre la cúpula militar y el poder civil tras la emisión de la sentencia judicial relacionada con los eventos del 23-F. Un informe del CESID, el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), analizó los movimientos y la actitud de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) de las Fuerzas Armadas, identificando un riesgo significativo de conflicto.
Análisis de los Servicios Secretos
El CESID mantuvo una vigilancia constante sobre la JUJEM durante todo el proceso judicial, especialmente debido a la inquietud generada por las condenas impuestas a varios oficiales militares, entre ellos el teniente general Jaime Milans del Bosch. La JUJEM, que en aquel entonces era el órgano de más alto rango en el Ejército después del Rey y reunía a las cúpulas de la Armada y los Ejércitos del Aire y de Tierra, era observada de cerca por su potencial de actuar como un poder fáctico.
El informe, que ahora se encuentra entre los documentos desclasificados, advertía que una acción de la JUJEM podría provocar un enfrentamiento directo con el poder civil, presionando al Rey Juan Carlos I. Sin embargo, se consideraba poco probable que el monarca adoptara una postura similar a la de su abuelo, Alfonso XIII, en situaciones históricas análogas. En tal caso, la JUJEM se enfrentaría a un dilema aún mayor: el posible enfrentamiento con el Rey.
Sumisión al Poder Civil
El informe también evaluaba las opciones para la JUJEM en caso de decidir no confrontar al gobierno ni al monarca. En tal escenario, los militares tendrían que aceptar explícitamente su subordinación al poder civil, lo que significaba cerrar una etapa histórica de poder militar casi absoluto, una herencia del franquismo. Esta aceptación de la autoridad civil estaba representada por el entonces presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, y se consideraba un momento crucial en la transición democrática de España.
Crispación en Valencia
Otro documento desclasificado, dirigido a la Sección de Contrainteligencia del Estado Mayor del Ejército y firmado por el general Rafael Allende de Salazar, jefe de la Región Militar de Valencia, describía el malestar en los mandos militares de esa región tras la sentencia del 23-F. En particular, se destacaba la condena a 30 años impuesta a Jaime Milans del Bosch, un evento clave del el 23-F, un oficial muy apreciado en Valencia, que había desplegado tanques en las calles durante la noche del golpe.
“La sentencia de 30 años recaída sobre el Teniente General Milans ha producido un profundo sentimiento de pesar cuando es un Mando que en la Región goza de mucha estima”, indicaba el informe.
El informe explicaba que, aunque las sentencias fueron acogidas con disciplina, existía una percepción entre algunos militares de que quienes participaron en el golpe eran personas honorables y, en última instancia, militares que se sometieron a un fallo judicial.
Recomendaciones Finales
El general Allende recomendaba considerar la posibilidad de conceder libertad condicional a los condenados al alcanzar la edad de 70 años. Jaime Milans del Bosch tenía 66 años en ese momento. Esta recomendación buscaba mitigar tensiones futuras y facilitar la reconciliación dentro del marco legal vigente.
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