La reciente evacuación del crucero MV Hondius ha generado una notable tensión entre el Gobierno de Canarias y el Estado español. El barco, afectado por un brote de hantavirus, vivió momentos de incertidumbre en el puerto de Tenerife, lo que desató un debate institucional sobre la gestión de la crisis sanitaria. El Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, argumentó que la decisión de no avalar el atraque del barco se basó en tres incógnitas que aún no han sido resueltas por el Estado.
Falta de pruebas diagnósticas
Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo canario fue la ausencia de pruebas PCR para los pasajeros del MV Hondius. El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, criticó que no se realizaran test a los viajeros para verificar si estaban contagiados, incluso si eran asintomáticos. Según Cabello, esto se evidenció cuando tres pasajeros dieron positivo al regresar a sus países de origen. La carencia de datos clínicos detallados complicó la planificación asistencial y la respuesta hospitalaria en Canarias.
“Ni siquiera les hicieron test de PCR a los viajeros para ver si, aún estando asintomáticos, estaban contagiados”, reiteró Cabello.
El presidente Clavijo insistió en que, sin la información adecuada, no permitirían el atraque. Además, denunció que las autoridades canarias se enteraron de los cambios operativos a través de los medios de comunicación y no por canales oficiales. Esta falta de pruebas diagnósticas generalizadas antes del desembarco fue un punto crítico en la controversia institucional.
Tiempo de estancia mínimo
El Gobierno de Canarias también enfatizó en la necesidad de que el tiempo de los pasajeros en tierra fuera el mínimo posible. Sin embargo, la operación se extendió más allá de lo previsto, ya que los ministros en el puerto de Granadilla confirmaron que la evacuación continuaría hasta el lunes. Para Clavijo, la operación debía reducir al máximo cualquier contacto con tierra, con un plan que incluía fondear el barco y trasladar a los pasajeros directamente al aeropuerto desde el muelle.
“El tiempo que toquen tierra en Canarias sea el mínimo y con todas las garantías de protección”, declaró Clavijo.
Cabello describió la operación como una carrera contra el reloj, resaltando que el tránsito debía ser sellado y sin contacto con la población. Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos verbales, que nunca se plasmaron en informes oficiales, provocó un aumento del malestar del Gobierno autonómico.
Descoordinación en la evacuación aérea
El tercer aspecto que elevó la tensión fue la descoordinación en la evacuación aérea. Cabello cuestionó por qué el avión de Países Bajos partió con plazas vacías, obligando a regresar al día siguiente para recoger a pasajeros australianos. Estas decisiones generaron críticas hacia la gestión estatal del operativo, ya que el Ejecutivo de Clavijo consideró que todos los pasajeros podían haber sido evacuados el domingo.
“¿Por qué el avión de Países Bajos partió con 150 plazas libres y el lunes tuvo que volver para recoger a los australianos? No tenemos respuesta”, afirmó Cabello.
En conclusión, el conflicto entre Canarias y el Estado por la evacuación del MV Hondius ha puesto de manifiesto problemas de gestión y comunicación. Canarias defendió su postura de garantizar la seguridad sanitaria con medidas claras, mientras que el Estado justificó sus acciones bajo criterios técnicos y sanitarios. La falta de consenso y coordinación institucional sigue siendo un desafío pendiente de resolver.
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