La Audiencia de València ha decidido reabrir la investigación contra José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la dana, por la presunta falsificación de su título de diplomado en archivística y biblioteconomía, cuyo uso le permitió acceder al empleo de funcionario en la Diputación de València en 1983. Esta decisión revoca el sobreseimiento del caso dictado por el juez del Juzgado de Instrucción 4 de València, Jorge Martínez Ribera.
Decisión de la Audiencia de València
Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de València, Carmen Melero Villacañas-Lagranja, Lamberto Rodríguez Martínez y Jesús Rojo Olalla, han revocado la decisión del juez Martínez Ribera al considerar que la presunta falsificación no está prescrita. Han ordenado el inicio de una nueva instrucción para investigar los hechos, destacando la posibilidad de que se trate también de un caso de estafa o malversación debido a una posible desviación reiterada de fondos.
El tribunal sostiene que el sobreseimiento se dictó sin escuchar a la persona denunciada, lo que constituye una irregularidad procesal. Según los magistrados, es esencial esclarecer si el uso del documento falso para acceder a un empleo público constituye un delito continuo o permanente, lo que influiría en la prescripción del mismo.
Argumentos de la Fiscalía y otros involucrados
El sobreseimiento inicial había sido recurrido por la Fiscalía, la Diputación de València y el pseudosindicato Manos Limpias, representado por la abogada Yulia Ivanistova. Este recurso se fundamenta en que el presunto delito de falsificación documental tiene implicaciones más allá del simple uso del título falso, ya que podría haber afectado a la gestión de fondos públicos.
“Cada vez que el funcionario pide una prórroga, no se limita a continuar en una situación sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto”, señalan los magistrados, subrayando la importancia de los títulos en estas solicitudes.
Repercusiones de la decisión
La decisión de la Audiencia de València no solo revive la investigación contra José María Ángel, sino que también pone en evidencia las tensiones entre diversas instituciones y actores involucrados en el caso. La abogada Ivanistova, junto al letrado José María Bueno Manzanares, ha presentado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial contra el matrimonio de magistrados involucrados, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso.
Contexto del caso
La causa contra José María Ángel por falsificación documental se remonta a 1983, cuando presuntamente utilizó un título falso para acceder a un empleo público. El debate se centra ahora en si la prescripción del delito ha sido interrumpida por el uso continuado del título para solicitar prórrogas en su empleo, lo que podría extender las implicaciones legales del caso hasta el presente. Según la información aportada por la Diputación de València, las solicitudes de prórroga más recientes se habrían realizado en 2023 y 2024.
Perspectivas legales
Los magistrados de la Audiencia de València han insistido en que las implicaciones legales del uso del documento falso deben ser evaluadas en su totalidad. La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia indica que cada vez que un funcionario solicita una prórroga de su puesto, está obligado a demostrar que cumple con los requisitos de aptitud, lo que incluye la validez de sus títulos profesionales.
Este caso podría sentar un precedente importante respecto a cómo se interpretan los delitos de falsificación documental en relación con el empleo público, especialmente cuando se trata de títulos que permiten el acceso y la continuidad en cargos gubernamentales.
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