La campaña de boicot contra ChatGPT, desarrollada por OpenAI, ha ganado considerable tracción en las últimas semanas. Según la organización QuitGPT, alrededor de cuatro millones de personas han dejado de utilizar el servicio del chatbot de inteligencia artificial en respuesta a un controvertido contrato militar que OpenAI ha firmado con el Pentágono. Este acuerdo ha generado preocupación, ya que podría permitir el uso de la inteligencia artificial para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o la creación de armas autónomas.
Conflicto con Anthropic
El Departamento de Defensa de Estados Unidos, que hasta ese momento había utilizado el modelo Claude de Anthropic para sus operaciones clasificadas, decidió poner a esta empresa en la lista negra. La razón principal fue la negativa de Anthropic a permitir que su IA generativa se utilizara “para todos los fines legales”, lo que provocó un conflicto con la administración de Donald Trump. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la inclusión de Anthropic en la lista negra, una medida generalmente reservada para empresas extranjeras, lo que anuló un contrato militar valorado en 200 millones de dólares.
Como resultado, la aplicación de Anthropic superó a ChatGPT como la aplicación móvil más descargada en Estados Unidos en plataformas como la App Store y Google Play, según datos de Sensor Tower.
Reacción negativa al contrato
Tras la decisión del Pentágono de sancionar a Anthropic, OpenAI anunció rápidamente su nuevo contrato con la institución militar, desatando una oleada de críticas. La cantidad de desinstalaciones de ChatGPT se incrementó en un 295% en un solo día, según Sensor Tower. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, reconoció que el anuncio pudo haber sido apresurado y mal manejado, lo que intensificó las críticas hacia su empresa.
“Intentábamos sinceramente calmar los ánimos y evitar un desenlace mucho peor, pero creo que ha parecido oportunista y descuidado”, expresó Altman en un mensaje a sus empleados.
Preocupaciones y críticas
A pesar de las promesas de OpenAI de incorporar “más medidas de protección” en su acuerdo con el ahora llamado Departamento de Guerra, las dudas sobre el uso potencialmente anticonstitucional de ChatGPT persisten. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, criticó a OpenAI por anunciar medidas de seguridad que, según él, “no funcionan en su mayoría”.
Vínculos políticos y otros factores
El apoyo al boicot contra ChatGPT también se ha visto impulsado por otros factores. Se ha revelado que Greg Brockman, presidente de OpenAI, y su esposa han realizado donaciones significativas al comité de acción política de Donald Trump, lo que los convierte en algunos de los principales donantes del presidente republicano. Además, se ha informado que la tecnología de OpenAI está siendo utilizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), conocido por sus polémicas acciones contra la población migrante.
Otras críticas hacia ChatGPT incluyen su impacto en la salud mental de algunos usuarios, desde aquellos que han desarrollado vínculos emocionales con la IA hasta aquellos a quienes ha asistido en situaciones de crisis. También se señalan los perjuicios ambientales de los centros de datos de OpenAI, que estarían contribuyendo al aumento de costos en las facturas de energía.
Perspectivas futuras
El historiador neerlandés Rutger Bregman, uno de los líderes de la campaña de boicot, ha señalado que OpenAI es “el objetivo perfecto” debido a su vulnerabilidad financiera. A pesar de estar valorada en 730.000 millones de dólares, la empresa enfrenta pérdidas significativas que podrían superar los 74.000 millones de dólares para 2028, según documentos financieros internos. Esto ha llevado a OpenAI a considerar la inclusión de publicidad en ChatGPT como una medida para compensar los costos.
La situación de OpenAI en medio de esta controversia refleja el complejo entorno en el que las empresas de tecnología y sus vínculos políticos y económicos pueden influir significativamente en su percepción pública y éxito comercial.
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