Collboni condiciona más viviendas privadas a compartir plusvalías

El gobierno de Jaume Collboni ha decidido abordar el debate sobre la densificación urbana, una iniciativa previamente esbozada por el presidente Salvador Illa. La administración municipal se plantea incrementar el número de viviendas en Barcelona mediante diversas estrategias, entre las que se incluyen la facilitación de remontas, la transformación de bajos y la división de pisos grandes. Este enfoque busca también abrir un diálogo sobre la distribución de las plusvalías económicas derivadas de la creación de nuevos hogares en el contexto urbanístico de la ciudad.

Propuesta de Jordi Valls

Jordi Valls, cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, enfatiza la necesidad de asegurar que cualquier plusvalía generada por la densificación tenga un retorno público. Valls, responsable de las áreas municipales de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, señala que abordar la crisis de la vivienda también requiere una perspectiva financiera. Según Valls, “Barcelona no promoverá una densificación que no esté vinculada a la vivienda social”, ya sea mediante la creación de pisos protegidos o a través de un retorno económico para el Ayuntamiento.

“Es una obligación para el sector público no generar una potencial plusvalía sin que tenga un retorno público”, afirma Valls.

Experiencias y revalorización urbana

Valls alude a experiencias pasadas en las que inversiones públicas han generado beneficios privados, como la revalorización de viviendas tras la pacificación del Consell de Cent. Sin embargo, estas mejoras no siempre han derivado en la creación de pisos protegidos. El teniente de alcaldía reconoce que cualquier tipo de urbanización genera plusvalías, ejemplificando con la apertura de una boca de metro que incrementa el valor de las viviendas circundantes.

Incentivación y normativa

Valls propone que cualquier normativa local que facilite la construcción o división de pisos debe contemplar un reparto justo de las ganancias. “Se puede generar una plusvalía, pero una parte debe ser pública o condicionada”, sostiene. Expone el caso de pisos en el Eixample que, tras ser divididos, incrementan su valor; de esta plusvalía, una parte debería destinarse a políticas de vivienda social.

“Si el piso valía un millón de euros y, tras la división, vale 1,3 millones, aquí ha habido una plusvalía de 300.000 euros”, explica Valls, abogando por que parte de esta se reinvierta en vivienda social.

Complejidades y consideraciones

Aunque la propuesta pudiera tener un consenso social, Valls admite su alta complejidad desde el punto de vista regulatorio. Además, actualmente existen restricciones en el control de precios de alquiler para ciertos tamaños de pisos en Catalunya, lo que añade otra capa de dificultad.

Vivienda dotacional y capital privado

El enfoque de Valls también incluye la construcción de vivienda dotacional sobre equipamientos privados, evaluando si la nueva densidad es compatible con las necesidades de servicios y espacios verdes. Asimismo, considera vital atraer fondos de inversión a largo plazo, como compañías aseguradoras, para financiar proyectos de vivienda social en colaboración con el sector privado.

Cooperativas y modelos alternativos

Valls no descarta la posibilidad de cooperativizar bloques de viviendas, una propuesta defendida por sindicatos de vivienda, que busca que los inquilinos se conviertan en copropietarios. Esto implicaría una gobernanza consensuada del sector social y podría abarcar una amplia variedad de modelos.

“Puede haber modelos de todas las características”, concluye Valls, refiriéndose a la diversidad de enfoques posibles para abordar la crisis de la vivienda en Barcelona.