Mejorada del Campo: 2.000 casas ilegales sin servicios básicos

Mejorada del Campo, ubicada a unos nueve kilómetros de Madrid, enfrenta una situación compleja debido a la existencia de más de 2.000 viviendas irregulares en las urbanizaciones de El Tallar, Villaflores y El Balcón. Estas áreas, parceladas en los años 80, se han convertido en las urbanizaciones ilegales más grandes de la Comunidad de Madrid. A pesar de que los residentes pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el impuesto de basuras, carecen de servicios básicos, como suministro eléctrico adecuado, lo que los obliga a depender de generadores propios.

La génesis de un problema urbanístico

El origen de estas urbanizaciones se remonta a principios de los años 80, cuando promotores inescrupulosos parcelaron terrenos rústicos y los vendieron como parcelas individuales, prometiendo servicios que nunca se materializaron. José Antonio Teyssiere, presidente de la asociación de vecinos de El Tallar, recuerda cómo estas tierras, vendidas bajo la apariencia de legalidad, se transformaron en un problema urbanístico tras la desaparición de los promotores. Los propietarios, inicialmente engañados, se vieron forzados a reparar y mantener las calles por su cuenta.

“El ayuntamiento de entonces se propuso liderar el proyecto. Basándose en una disposición del Ministerio de Agricultura se permitía transformar las fincas de secano en regadío si accedías al agua”, explica José Antonio Teyssiere.

Viviendas construidas al margen de la legalidad

A medida que los precios de las viviendas en Madrid aumentaban, muchos propietarios decidieron establecerse de manera permanente en estas urbanizaciones. Las parcelas se subdividieron, y las construcciones improvisadas dieron paso a casas de ladrillo y chalets. Pese a que un cartel advierte de la prohibición de construir, las obras continúan, y terrenos de 700 metros cuadrados se venden por sumas elevadas. Esta situación ha captado la atención de la Fiscalía, que investiga las nuevas construcciones en suelo no urbanizable.

“La gente tiene tanta hambre por un techo que esto no se puede parar”, sostiene José Antonio Teyssiere.

Servicios básicos autogestionados

Los residentes de estas urbanizaciones han tenido que organizarse para obtener servicios básicos. Utilizan generadores de gasóleo para la electricidad, lo que ha encarecido los costos debido a factores externos como la guerra en Irán. Además, han instalado placas solares y han establecido un acuerdo con el Canal de Isabel II para el suministro de agua. Sin embargo, cada parcela gestiona individualmente su sistema de saneamiento, recurriendo a fosas sépticas y pozos ciegos.

“Pagamos nuestros impuestos, votamos en las elecciones, todo está registrado en el Registro de la propiedad, y no tenemos ni un servicio”, reclama Felipe, otro de los vecinos.

Intentos de regularización

Las asociaciones de vecinos han solicitado la regularización de sus viviendas. Juan Mañosa, presidente de la urbanización El Balcón, menciona que se han gastado entre 120.000 y 150.000 euros anuales en mantenimiento, con cada vecino contribuyendo con cuotas mensuales de comunidad. A pesar de estos esfuerzos, aún enfrentan problemas con el suministro de agua, especialmente en verano, y las disputas legales continúan siendo una carga.

“Recientemente hemos encargado un estudio medioambiental para legalizar la urbanización, pero se pasan la pelota del ayuntamiento a la Comunidad”, señala Juan Mañosa.

Intervención de las autoridades

La Guardia Civil, a través del Seprona, ha intensificado los controles en estas urbanizaciones, especialmente en El Balcón, donde se encuentran viviendas cerca de la vía del AVE. En recientes operativos, se han abierto expedientes a varias personas por delitos contra la ordenación del territorio. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre entre los residentes, quienes continúan presionando para que se regularicen sus viviendas y se resuelva su situación legal.

Las autoridades deben encontrar una solución viable para estos asentamientos, garantizando que los residentes tengan acceso a los servicios básicos necesarios y que sus hogares sean legalmente reconocidos.