El Gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha propuesto una medida que busca ofrecer incentivos económicos a abogados que faciliten el retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen. Esta propuesta, que forma parte de un decreto sobre orden público, está programada para ser debatida en el Congreso italiano esta semana.
Propuesta en el contexto del Decreto Seguridad
La medida está incluida en el denominado Decreto Seguridad, un paquete legislativo aprobado por el Consejo de Ministros en febrero, que debe convertirse en ley antes del próximo sábado para mantener su vigencia. El decreto ya recibió el visto bueno del Senado y ahora enfrenta el escrutinio del Congreso. La propuesta ha generado controversia y un intenso debate político, especialmente debido a la introducción de una enmienda que prevé compensaciones económicas para abogados que logren repatriaciones exitosas.
El monto exacto de estas compensaciones no ha sido oficialmente especificado, aunque se estima que podría ascender a 600 euros. La medida ha sido ampliamente criticada por la oposición y diversas instituciones jurídicas, entre ellas el Consejo Nacional Forense, que ha expresado su descontento por no haber sido consultado.
Reacciones y opiniones
La primera ministra Meloni ha defendido la medida, argumentando que se trata de una norma de “sentido común” y subrayando que los retornos voluntarios asistidos son una herramienta que la Unión Europea busca reforzar. En contraste, la oposición ha manifestado su rechazo, y el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha insinuado posibles objeciones constitucionales.
“Es una norma de puro sentido común”, afirmó Meloni durante un evento en Milán, añadiendo que los retornos asistidos son un instrumento necesario que Europa desea impulsar.
Elementos adicionales del decreto
Además de la cuestión de los abogados, el Decreto Seguridad se articula en torno a tres ejes principales: regulación de armas y violencia juvenil, orden público y prevención urbana. Las disposiciones propuestas incluyen:
- Restricciones más estrictas sobre armas blancas y objetos peligrosos, prohibiendo su venta a menores, incluso a través de plataformas en línea.
- Permisos para que las fuerzas del orden realicen registros inmediatos durante manifestaciones y detenciones policiales de hasta 12 horas.
- Ampliación de las facultades para realizar arrestos en flagrancia mediante pruebas audiovisuales.
Estas medidas han suscitado críticas de organizaciones civiles que consideran que podrían vulnerar derechos fundamentales.
Prevención urbana y otras disposiciones
El decreto también contempla medidas de prevención urbana, otorgando a los prefectos la autoridad para establecer “zonas de vigilancia reforzada”. Estas zonas podrían tener restricciones de acceso para personas consideradas peligrosas, y en ciertos casos, menores. Otras disposiciones incluyen ajustes en la persecución de delitos menores y cambios en los procedimientos de investigación.
El destino del paquete legislativo sigue siendo incierto, dado el clima de oposición que enfrenta. El Gobierno de Meloni, que dispone de mayoría parlamentaria, podría aprobar el decreto en su totalidad y luego modificar aspectos específicos mediante un nuevo decreto, un procedimiento poco convencional en la política italiana.
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