El Senado argentino ha dado luz verde a una nueva legislación que modifica el régimen penal juvenil, reduciendo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. Esta normativa, impulsada por el presidente Javier Milei, ha sido ampliamente respaldada por la dirigencia política del país, en línea con una tendencia hacia políticas más severas en materia de seguridad.
Detalles de la nueva normativa
Esta ley no solo disminuye la edad de imputabilidad, sino que también establece penas de prisión para adolescentes de hasta 15 años que cometan delitos graves, como aquellos que involucren violencia o resulten en muerte. Anteriormente, la propuesta había sido aprobada por la Cámara de Diputados y, finalmente, ha obtenido una amplia mayoría en el Senado.
El senador oficialista Ezequiel Atauc defendió la medida afirmando:
“Los menores entienden perfectamente las consecuencias de sus actos y tienen que ser recuperados por la sociedad a través de un proceso que esta ley prevé”.
La legislación brinda a los jueces la posibilidad de imponer sanciones que van desde la amonestación y el monitoreo electrónico hasta el encarcelamiento prolongado.
Reacciones y críticas
La senadora opositora Lucía Corpacci expresó su desacuerdo, señalando que el endurecimiento de las penas para menores desvía la atención de los problemas sociales y económicos que enfrenta el país.
“Esta ley no se puede votar, es imposible”, dijo Corpacci, argumentando que la ultraderecha busca distraer de la recesión económica que afecta a la población.
A pesar de que los delitos cometidos por menores representan solo entre el 0,06% y el 2% del total de causas penales en Argentina, el Gobierno ha insistido en la necesidad de esta reforma, utilizando como argumento un caso específico de asesinato ocurrido en la provincia de Santa Fe.
Opiniones de expertos y organismos internacionales
Macarena Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ha manifestado que no existe evidencia que relacione la reducción de la edad de punibilidad con un aumento en la seguridad. Además, destacó que el trato hacia un adolescente de 14 años debe diferir significativamente del aplicado a adultos.
“No existe relación entre bajar la edad de punibilidad y la seguridad”, afirmó Fernández, subrayando la inapropiación de aplicar castigos duros a jóvenes en proceso de desarrollo.
El CELS también advierte que esta normativa podría contravenir el artículo 40.3.a de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece la necesidad de una edad mínima para la imputación penal.
Por su parte, UNICEF se ha pronunciado en contra de la medida, señalando que:
“La reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”.
Implicaciones económicas
Especialistas en temas de seguridad han advertido que la implementación de este nuevo régimen penal juvenil podría acarrear un significativo aumento en los gastos administrativos del Estado, lo que contradiría los objetivos de reducción del gasto público promovidos por el presidente Milei.
La asignación de fondos a este nuevo esquema punitivo podría afectar los presupuestos destinados a áreas críticas como salud, educación y protección social, generando inquietud entre diversos sectores de la sociedad.
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