En junio de 2025, el conflicto entre el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y una agente que lo acusó de violación estaba cerca de desbordarse debido a la presión constante ejercida por él para que guardara silencio. Este incidente, que ha resultado en la dimisión del comisario principal José Ángel González, ha sacudido al Ministerio del Interior. A pesar de esta situación, la dirección general de la Policía Nacional emitió una instrucción interna para que los agentes abordaran situaciones de “acoso sexual, acoso por razón de sexo, género…”. Esta instrucción fue firmada por el director Francisco Pardo Piqueras el 23 de junio de 2025.
“Esta Institución está comprometida con la creación de una cultura de tolerancia cero frente a comportamientos que constituyan acoso sexual”, afirmaba el preámbulo de la orden.
Quince días después de la emisión de esta orden, la inspectora de policía que presentó la denuncia contra el DAO solicitó una baja por motivos psicológicos. El protocolo que entró en vigor ese día reemplazó a uno anterior de 2022 y consta de siete capítulos de actuación, cuyo fin es prevenir comportamientos que pueden preceder a delitos de agresión sexual. Este es el tipo de delito que actualmente investiga el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, con el DAO como acusado.
Deber de vigilancia
El protocolo establece un papel central para la Dirección Adjunta Operativa de la Policía en el control y persecución de conductas indebidas. El capítulo 3 de la orden promueve la “asesoría confidencial” a la víctima, creando oficinas de asesoría en todas las jefaturas superiores de Policía, comisarías generales, divisiones, y una específica en la DAO. La instrucción interna resalta el “deber de secreto” y garantiza “neutralidad” y “tratamiento justo” a todas las partes involucradas.
También se creó una Comisión de Organismos Centrales de Seguimiento, donde el departamento del DAO debía asignar un delegado como “punto de contacto”. Sin embargo, el sistema ha mostrado fallos, particularmente en la confidencialidad, lo que ha llevado a que algunas víctimas prefieran acudir directamente al juzgado en lugar de a su propia comisaría para presentar denuncias.
Confidencialidad y jerarquía
El protocolo destaca la necesidad de confidencialidad para proteger a la persona denunciante. Sin embargo, compañeras de la inspectora denunciante han indicado que este sistema no protege adecuadamente en casos graves, como el de agresión sexual. El protocolo interno de la Policía establece que cualquier miembro debe informar a sus superiores o a la Asesoría Confidencial sobre posibles casos de acoso sexual o por razón de sexo.
Medidas en otros cuerpos policiales
Otras fuerzas de seguridad, como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Guardia Civil, también han implementado mecanismos para canalizar denuncias de acoso y conductas delictivas, similar a los recientes casos de tiroteos en Valencia. En los Mossos d’Esquadra, las denuncias se dirigen al área de Igualdad y no al jefe de la fuerza, participando dentro de una Comisión de Igualdad.
- En los Mossos, se recomienda a las víctimas informar a alguien de confianza y obtener prueba médica.
- El SAP-FEPOL habilitará un canal informático confidencial y anónimo para recibir denuncias.
En la Ertzaintza, el sindicato SIPE denunció en mayo de 2025 ante el Departamento de Interior del Gobierno Vasco episodios de acoso laboral, sexual y sexista. Estas denuncias incluyeron grabaciones de los incidentes.
Por su parte, la Guardia Civil cuenta con un canal informático de denuncia que dirige la información a la Dirección General. En caso de que la denuncia derive en un delito investigado dentro del cuerpo, la responsabilidad recae en el Servicio de Asuntos Internos, similar a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
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